Tomas Torres Peral, asociado de AEME publica, en el día de hoy, este trabajo en el diario Las Razón
La política migratoria del Gobierno español ha dejado de ser una cuestión interna. Las decisiones sobre regularización y control fronterizo han provocado críticas de numerosos responsables extranjeros. Algunas serán interesadas o jurídicamente inexactas; su acumulación revela un deterioro de la confianza exterior que no cabe reducir a una ofensiva de adversarios políticos.
La regularización extraordinaria fue el primer motivo de inquietud. Jordan Bardella, de la francesa Agrupación Nacional, afirmó que «la España de Pedro Sánchez está convirtiéndose en el punto de entrada de la subversión migratoria en Europa». André Ventura, del portugués Chega, sostuvo que los permisos concedidos ponían «en riesgo a toda Europa». Manfred Weber, presidente del PPE, declaró: «Un millón de personas legalizadas en pocas semanas, eso no es un procedimiento normal», y lo calificó de «un problema para Europa». Una autorización de residencia no equivale a la nacionalidad, pero con nuestras leyes puede acabar en ella y permitir establecerse en cualquier Estado de la Unión.
El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, advirtió que un permiso de residencia «no es un cheque en blanco». La competencia nacional para regularizar no elimina la dimensión europea de la decisión: España administra una frontera exterior de la Unión, dentro de un espacio de libre circulación fundado en la confianza mutua.
La crisis de Ceuta convirtió la inquietud en acusación de pérdida de control. Weber sostuvo que «las devastadoras imágenes son la consecuencia directa del efecto llamada de la regularización masiva, unido a la instrumentalización de la inmigración ilegal», y exigió actuar «con rapidez y firmeza para proteger nuestras fronteras exteriores comunes». Antonio Tajani afirmó que «las imágenes que llegan de Ceuta demuestran hasta qué punto la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente equivocada y fomenta el tráfico de seres humanos» —finalmente casi el triple—. La percepción era que España trasladaba a Europa el coste de sus decisiones. Giorgia Meloni añadió: «Sobre la inmigración ilegal, no cederemos ni un centímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno».
La danesa Mette Frederiksen fue más lejos: «Es evidente que la Unión Europea debe dar inmediatamente todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen». La finlandesa Mari Rantanen declaró que «España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal», y añadió que «los países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen».
El sueco Ulf Kristersson advirtió que «es importante que España actúe de forma rápida para recuperar el control de la situación y cumpla con sus compromisos dentro de la cooperación en el Tratado de Schengen», y anunció «las medidas necesarias para proteger el orden y el control». Más prudente, el canciller Friedrich Merz afirmó que «España quiere y debe recuperar el control de la situación en Ceuta lo antes posible». Ursula von der Leyen calificó lo sucedido de «inaceptable» y recordó que «las devoluciones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas».
Las críticas más severas procedieron de Estados Unidos. Donald Trump afirmó: «Parece una invasión del país por parte de cientos de miles de personas», y la atribuyó a «leyes débiles y a una mala gestión, pero sobre todo a leyes muy permisivas». El Departamento de Estado declaró que «este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del Gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa». J. D. Vance añadió que «estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente». La portavoz Anna Kelly exigió que «España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar inmediatamente o se arriesgan a su propia desaparición».
También Israel usó la crisis en su disputa con España. Danny Danon, embajador ante la ONU, afirmó: «España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis provocada por su política de inmigración». Itamar Ben Gvir dirigió a Sánchez una provocación expresa: «Abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar».
No todas responden a una preocupación desinteresada, pero sería irresponsable ignorar el mensaje común. España debe combinar legalidad y control: proteger derechos no exige renunciar a la defensa eficaz de las fronteras. La soberanía obliga también a prever los efectos sobre los aliados. Cuando tantos responsables extranjeros cuestionan la política española, el problema ya no es solo migratorio: afecta a la credibilidad del Estado y a la confianza que, cada vez menos, inspira entre sus socios.
- Tomás Torres Peral es Comandante de Caballería. Academia de las Ciencias y Artes Militares. De la Asociacion Española de Militares Escritores.
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