La reorganización en la posguerra civil (X y XI)

Dicho acuartelamiento se encontraba sito en la calle Pozo, sin número, siendo el inmueble propiedad de José María Patrón Cibo de Sopranis, marqués de Casa Vargas-Machuca. Ocupado con carácter gratuito por el benemérito Instituto desde septiembre de 1925, su estado en enero de 1940 era también de “Malo”. A diferencia de la casa-cuartel de San Roque, carecía de cuadras ya que toda la fuerza del puesto era de infantería.

Los guardias civiles de dicho puesto tenían encomendada la vigilancia de esa zona residencial, entre cuyos usuarios, además de distinguidas familias españolas, se encontraban acaudalados habitantes de la vecina colonia británica de Gibraltar. Como ya se ha dicho en alguna ocasión, aquello era el Sotogrande de la época. La otra barriada sanroqueña cuya seguridad ciudadana estaba también a su cargo, por razones de proximidad, era la de Puente Mayorga, donde solo había fuerza del todavía existente Cuerpo de Carabineros.

Realmente, al finalizar la Guerra Civil, el estado general de las casas-cuarteles de la Comandancia de Cádiz era mucho peor que el que ya existía durante la Segunda República, y muchísimo peor que durante la monarquía de Alfonso XIII, que ya era de por si deplorable. La austeridad presupuestaria que se padeció a lo largo de la contienda, hizo que la dotación económica dedicada al mantenimiento de los acuartelamientos de la Guardia Civil, fuera prácticamente inexistente.

Durante el periodo republicano hubo una mayor preocupación de dotar de mejores condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad a dichos inmuebles. De hecho, el 15 de junio de 1935 se había dictado una disposición por la Inspección General de la Guardia Civil, al objeto de que se tuvieran en cuenta una serie de normas de carácter general, con objeto de regular y unificar las condiciones de higiene, emplazamiento y seguridad que habían de reunir en los edificios destinados a casas-cuarteles del benemérito Instituto.

Las condiciones higiénicas de las casas-cuarteles se regían por los preceptos de una real orden de 9 de agosto de 1923, relativa a sus viviendas, llamadas “pabellones”, y por el Reglamento de Sanidad Municipal, de 9 de febrero de 1925, por lo que cada vivienda o pabellón de un guardia civil debía tener, “mínimo tres dormitorios, habitación de estar, cocina y retrete independiente”.

Las dependencias oficiales debían estar compuestas por cuarto para el “guardia de puertas”, sala de armas, habitación para concentrados (cuya capacidad debía graduar cada jefe de Comandancia), garaje para un vehículo (a ser posible de la amplitud necesaria para guardar una camioneta), una habitación para alojamiento de un jefe u oficial en las revistas y concentraciones, y también una cuadra de cuatro plazas, por lo menos, para el ganado que pudiera reunirse al llegar plazas montadas.

Asimismo, como consecuencia de las lecciones aprendidas en aquellos años, donde las casas-cuarteles de la Guardia Civil se convirtieron en objetivo prioritario de los ataques realizados por los revolucionarios, se concretaron unas normas de emplazamiento y seguridad.

Respecto a su emplazamiento, éste no debía estar dominado por terrenos o edificios próximos, y a ser posible, que se encontrase aislado y fuera de las poblaciones, “para que la salida de la fuerza esté asegurada en cualquier momento y en cambio sea difícil un ataque”.

Para la defensa del edificio, se disponía, si estuviera aislado, que debían construirse dos torretas o tambores situados en una diagonal del inmueble, de modo que desde cada uno se batiesen dos fachadas. Caso de que la casa-cuartel se encontrase ubicada entre otras viviendas, ambas torretas o una sola, debían emplazarse en forma que se defendiera los accesos a la misma. Los huecos del piso de abajo debían tener rejas y las puertas de entrada revestidas de chapa para evitar su incendio. A su vez, éstas debían facilitar su defensa, teniendo al efecto aspilleras cubiertas por correderas metálicas. También debía procurarse que por debajo del edificio no pasaran alcantarillas cuyo diámetro permitiese el paso de una persona que pudiera preparar un atentado con explosivos. En la parte superior del edificio, que debía ser practicable para sus moradores, debían situarse cornisas o salientes que sirvieran de matacanes para defenderse de un ataque reptando para lanzar explosivos a las ventanas del piso inferior.

Finalmente se disponía, que se tuvieran en cuenta, “todas aquellas circunstancias que tiendan, no a convertir las casas en fortines inexpugnables que inciten a refugiarse en ellas en todo momento de peligro, sino que reúnan las mínimas condiciones precisas para resistir un asedio, y desde las cuales la Guardia Civil cumpla su primordial deber de proteger a los demás ciudadanos aún con el sacrificio de la propia vida”.

Sin embargo, frente a la teoría, la realidad era bien diferente y en el caso concreto de los dos acuartelamientos sitos en el municipio de San Roque, ninguno de los inmuebles ocupados cumplía ninguno de esos requisitos.

Respecto a los medios de transporte la situación también era penosa, agravada aún más tras la guerra civil, ya que la Comandancia de Cádiz apenas tenía vehículos. Tan sólo disponía de dos coches ligeros, tres camionetas y dos motocicletas con sidecar para toda la provincia. En el Campo de Gibraltar solo había disponibilidad de una camioneta porta-ametralladora, marca GMC (General Motors Corporation), de 14 plazas, fabricada en 1935, en “mediana” condición para el servicio.

Estaba destacada en Algeciras y era empleada para el transporte de núcleos de fuerza de los puestos de la 2ª Compañía, hasta aquellos lugares de la comarca que las necesidades del servicio lo requieran, así como para la conducción de presos.

Sus conductores estaban encuadrados en el puesto de Algeciras. Procedentes del Parque Móvil de la Guardia Civil, se hallaban destinados como conductores. En enero de 1940 se trataban del guardia 2º José González Picazo, de 27 años de edad y natural de Medina Sidonia; así como del corneta Antonio Carmona García, de 32 años de edad y natural de la localidad malagueña de Alora.

El teniente coronel Márquez en su informe hacía constar que, “se hace necesario en esta Comandancia para que los medios de transportes estén a la altura que requieren las circunstancias y la fuerza pueda tener la movilidad indispensable para que por esta causa no se malogren los servicios, o poderse presentar formando núcleo con la debida prontitud, donde sucesos extraordinarios puedan requerirla, 23 coches ligeros de 7 plazas y 5 Autocares o Camionetas”.

Para su empleo en el Campo de Gibraltar Márquez proponía un coche ligero para la cabecera de la 2ª Compañía en Algeciras y otro para cada una de las líneas (secciones) de La Línea de la Concepción, Tarifa y San Roque; así como un autocar para tenerlo en Algeciras, a disposición de las necesidades del servicio, como ya lo estuvo antes de la contienda.

Si bien en el informe remitido en enero de 1940 por el teniente coronel Manuel Márquez González, jefe de la Comandancia de Cádiz, a la Inspección General de la Guardia Civil, era muy desfavorable en cuanto a la situación de plantilla y acuartelamiento, era más positiva respecto a los medios de comunicación.

Tal y como hacía constar en su informe, “la mayoría de los pueblos de esta provincia donde están instalados los puestos de esta Comandancia, cuentan con buenos medios de comunicación, …; pues entre el telégrafo, teléfono, carretera y ferrocarril, no hay ninguno que esté completamente aislado”.

También exponía favorablemente que se hubiera vuelto a conceder la franquicia oficial telefónica, es decir, la gratuidad de las llamadas que se efectuasen desde aquellas casas-cuarteles que dispusieran de teléfono, pues no todas tenían. Todo ello sólo para llamadas relacionadas con el servicio, estando expresamente prohibido las de carácter particular, llevándose a cabo, para el debido control, su anotación detallada en un cuaderno diligenciado a tal efecto.

En el caso concreto de San Roque, la localidad disponía de telégrafo, teléfono y ferrocarril, encontrándose unida por carretera a 15 kilómetros de Algeciras, donde residía la cabecera de la compañía, y a 138 de la capital gaditana, donde se hallaba establecida la jefatura de la Comandancia.

Respecto a la barriada sanroqueña de Campamento de Benalife, también se disponía allí de teléfono y telégrafo pero no de ferrocarril. Por carretera se encontraba a 3 kilómetros de la cabecera de la línea (sección) de La Línea de la Concepción, de 25 de la cabecera de la compañía, y de 148 de la ciudad de Cádiz.

En cambio, la opinión sobre el armamento que en enero de 1940 se tenía de dotación era muy desfavorable, encontrándose en una situación mucho peor que la existente antes de la sublevación militar de julio de 1936.

El teniente coronel Márquez fue muy crítico al respecto: “El armamento de que está dotada la fuerza de esta Comandancia, en su mayoría sistema Waterly, consignado en el estado que se une a continuación, expresivo del que falta para el completo; tanto por ser material poco manejable (muy largo y pesado) como por sus malas condiciones balísticas, se impone la necesidad de que sea sustituido por el mosquetón mauser Español el de Infantería y carabina del mismo sistema y modelo para Caballería”.

Lo que se referenciaba en el informe como “sistema Waterly” se trataba realmente de los fusiles procedentes de la “ayuda” italiana al bando sublevado, marca Vetterli-Vitali, modelo 1870/87/16, calibre 6’5 mm. Mannlicher-Carcano. Se trataba de la tercera y última variante del fusil Vetterli modelo 1870 que a su vez era una versión italiana del fusil suizo monotiro Vetterli de 10’35 mm. Aquellos se trataban de unos fusiles que habían sufrido una profunda modificación en el arsenal italiano de Brescia para reconvertirlos en armas de repetición de aquel calibre. Dadas sus limitaciones técnicas fueron suministrados durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) a las tropas que no tenían que combatir en primera línea.

Antes de la sublevación militar de julio de 1936, las fuerzas de infantería de la Guardia Civil estaban dotadas de fusiles máuser modelo 1893, de 7 mm., en proceso de sustitución por el mosquetón mauser modelo 1916, de igual calibre pero de menores dimensiones y peso. A su vez, las fuerzas de caballería estaban dotadas de la carabina mauser modelo 1895, del mismo calibre y aún de menores dimensiones y peso, e igualmente en proceso de sustitución por el referido mosquetón mauser modelo 1916.

Todas estas armas eran de fabricación española y de mucha mayor calidad que las italianas referidas anteriormente, siendo también superiores sus condiciones balísticas. Sin embargo, las necesidades bélicas de la contienda exigieron que la mayor parte de ese armamento fuera entregado por la Guardia Civil a las fuerzas combatientes del Ejército en el frente, procediéndose a su sustitución por otro de inferior calidad, procedente de la ayuda militar extranjera. A este respecto hay que significar que ambos bandos, salvo algunas excepciones, recibieron de sus aliados extranjeros un armamento portátil anticuado y de menor calidad, procedente en su mayor parte de la contienda europea acaecida dos décadas antes.

Como durante la contienda la Guardia Civil no había procedido a reponer ninguna clase de armamento que por cualquier vicisitud hubiera causado baja, resultaba que en enero de 1940, sus plantillas estaban también incompletas. Sirva como ejemplo que en el informe se hacía constar que, de 675 pistolas reglamentarias marca Star, de 9 mm. largo, solo disponían de 535, por lo que les faltaban 140.

Concluía el informe, en el apartado referido al armamento, que cada compañía debería estar dotada de una ametralladora Hotchkiss, modelo 1914, de 7 mm., de origen francés; una “pistola ametralladora” (subfusil) Schmeisser, de fabricación alemana que realmente era una “machine pistol” MP-28/II de 9 mm. parabellum, pero recamarada expresamente para el cartucho 9 mm. largo español; y 50 “bombas de mano” (granadas) Laffite modelo 1921, de origen francés; que cada cabecera de línea (sección) tenía que ser dotada de una “pistola ametralladora Schmeisser” y 25 “bombas de mano”, así como de “las pistolas ametralladoras Astra (se refería al modelo “F” de 9 mm. largo de fabricación española) que éstas tienen en la actualidad, aumentado su número, debieran pasar a los puestos para que hubiera siquiera una en cada uno de éstos”.

Todo un buen propósito por parte de Márquez ya que la plantilla de dicho tipo de armamento para toda la Comandancia de Cádiz, era tan sólo de 2 ametralladoras Hotchkiss, de 2 “pistolas ametralladoras Schmeisser”, de 20 “pistolas ametralladoras Astra” y de 200 “bombas de mano Laffite”.

Aunque en el propio informe se aventuraba que los fusiles italianos estaban pendientes de ser sustituidos por fusiles mauser españoles, la realidad sería muy diferente. El armamento que posteriormente les sería entregado era de origen ruso, procedente de la ayuda, mediante la correspondiente contraprestación económica, proporcionada al Ejército Popular de la República.

Al finalizar la contienda se había capturado o incautado una gran cantidad de armamento portátil soviético, que con una guerra europea iniciada en septiembre de 1939 y que pronto llegaría al otro lado de los Pirineos, sería distribuida en buena parte entre las comandancias de la Guardia Civil. El armamento mauser seguiría priorizándose durante la mayor parte de la década de los años 40 del siglo XX para dotación de las fuerzas del Ejército español.

Los fusiles de repetición rusos recibidos serían los Mosin-Nagant, de 7’62 mm., correspondiendo en su mayoría al modelo 1891/30, si bien también los hubo inicialmente de los modelos 1887 y 1891. Bautizado como Mausine, su vida en el benemérito Instituto se prolongaría más de una década e incluso se editaría por la imprenta de huérfanos del Cuerpo un manual de instrucciones sobre su despiece y funcionamiento.

Finalmente, el informe del teniente coronel Márquez detallaría el estado numérico del utensilio y menaje que tenía a su cargo la Comandancia de Cádiz, con expresión de su estado. Dado que tampoco se había atendido a su reposición, figuraba una buena parte con un estado de “mediano” o “inútil”.