La población africana según datos recientes [1] es en un 60-65 % menor de 24 años. Con este dato podemos hacernos una idea del oscuro futuro que puede esperar a la población europea. Porque la inmigración ilegal representa un caudal humano que incluye no solo a personas que vienen buscando en Europa un futuro mejor, sino que incluye también un no menor grupo de personas adscritas al radicalismo islámico, absolutamente incompatible con la fe cristiana. Esta incompatibilidad impide a los islamistas integrarse en la sociedad europea de modo constructivo. El cristianismo es, en general, acogedor y respetuoso con las creencias religiosas de cualquier persona lo que, en la práctica, se transforma en un factor de debilidad.

Hay sin duda un islamismo moderado, pero lamentablemente es el islamismo radical el que se está imponiendo en Europa y en el resto del mundo como una forma de reafirmación social de las comunidades islámicas. Esta forma de reafirmación social, unida a una muy probable errónea interpretación del Corán, permite a los islamistas radicales justificar el atentado contra la vida de los infieles, principalmente cristianos.

Y este es, a mi entender, el verdadero problema de aceptar indiscriminadamente el ingreso en territorio europeo de la inmigración ilegal, problema que muy probablemente vaya agravándose con el paso del tiempo dada la baja tasa de natalidad de la población europea. Nuestra fe, nuestra cultura, nuestra Historia pueden desaparecer de la faz de nuestro planeta a causa de la implacable acción islámica radical.

Una superpoblada África verá sin duda al continente europeo como un espacio casi vacío cuya ocupación será posible. La inmigración ilegal estará garantizada, al menos hasta que la próspera Europa no encuentre el procedimiento que la pueda controlar racionalmente. Nadie podría imaginar en el año 1956, que el proceso de descolonización de los países africanos, propiciado por Naciones Unidas, llegaría a transformarse en un gravísimo problema para Europa entera [2] solo unos años después.

La presidente del gobierno italiano Georgia Meloni parece haber encontrado el procedimiento de reducir a la mitad su inmigración ilegal persiguiendo y, en su caso deteniendo, a las mafias que interesadamente la provocan. Es muy posible que este procedimiento sea útil para el resto de los países europeos según el procedimiento que a continuación se describe para el caso español.

Nuestras islas Canarias están siendo progresivamente invadidas por miles de inmigrantes en un proceso que mezcla las ilusiones de una población africana que huye de la pobreza con afanes estratégicos inconfesables de gobernantes africanos que ven la inmigración ilegal como un efectivo procedimiento de invasión camuflada de los territorios españoles, cuya anexión por la vía de los hechos consumados pretenden.

En este forzosamente limitado trabajo me referiré solo a una posible solución para España que podría servir de ejemplo para otros países de la Unión Europea (UE) que pueden estar sufriendo los mismos problemas con la inmigración ilegal. Para España todos los países del Norte y Oeste de África son potenciales emisores de inmigración ilegal, pero es obligado señalar a Marruecos como el que más puede afectarnos por sus ambiciones territoriales y por la cercanía a sus costas a las Islas Canarias desde que España le cedió, provisionalmente, la mitad Norte del Sahara Occidental.

Sin abandonar el tema de la piratería en el llamado Cuerno de África (Somalia, Etiopia, Eritrea y Yibuti), felizmente controlado por la permanente presencia de las armadas europeas, parece llegado el momento para la UE de centrarse hoy en el control de la inmigración ilegal en todo el Mediterráneo y en el Atlántico oriental, que está superando todos los limites admisibles. En el Mediterráneo habría que controlar principalmente las costas de Marruecos, Túnez, Argelia y Libia para evitar problemas de inmigración que afectarían a España, Francia, Italia y Grecia. En el Atlántico los países emisores serían principalmente Marruecos, Mauritania, Senegal y Guinea que afectarían más directamente a España e indirectamente a toda la UE. La inmigración ilegal de países de más al Sur se lleva a cabo a través de un agónico tránsito por el desierto del Sahara para llegar a cualquier país del Norte de África.

Para evitarlo, las costas de estos países africanos origen de la inmigración ilegal podrían ser patrulladas por buques de las armadas, o de las guardias costeras [3] de los países de la UE, en búsqueda principalmente de los buques nodriza que auxilian el tránsito de las llamadas “pateras”, en nuestro caso, principalmente hacia a las islas Canarias [4]. Al mismo tiempo, la UE debería establecer acuerdos de cooperación con los gobiernos de los países afectados para conseguir la devolución en caliente de los inmigrantes que salieran de sus costas en pateras o en buques nodrizas pero, en este caso, sin sus capitanes que serían trasladados a la UE para ser juzgados por los correspondientes tribunales por delitos directamente relacionados con la inmigración ilegal. Para garantizar esta cooperación la UE podría poner sobre la mesa las relaciones comerciales o cualquier otro proyecto de ayuda y cooperación con los mencionados países. Y todo ello negociando también, en paralelo, generosos planes de inmigración legal, debidamente ordenada, en beneficio de todos.

En obligada referencia a Marruecos y para moderar de modo efectivo sus intenciones de dañar de un modo o de otro nuestra integridad territorial sería muy efectivo que el MAEC informase al gobierno marroquí de los siguientes extremos:

• De seguir con la permanente amenaza o simple hostilidad hacia los territorios españoles en el Norte de África sería anulado, o retrasado “sine die,” cualquier proyecto de túnel bajo las aguas del Estrecho que permitiese la unión física entre España y Marruecos.

• España podría presentar ante Naciones Unidas, en colaboración con Argelia, un proyecto de Resolución que se tradujese en la devolución al pueblo saharaui de la parte del Sahara Occidental al que Mauritania renunció en su día. No hay motivo alguno que permita reconocer a Marruecos más derechos que los que tiene el pueblo saharaui sobre este territorio.

• España podría reducir drásticamente sus importaciones agrícolas y sus inversiones en territorio marroquí y podría presionar en la misma dirección a toda la UE.

• Si el nivel de la amenaza sobre Ceuta y Melilla y demás territorios españoles en el Norte de África aumentase hasta extremos inaceptables, España se vería obligada a establecer sobre las correspondientes, zonas de seguridad como es habitual en este tipo de operaciones militares. España está obligada a defender y asegurar la vida y la hacienda de los españoles que habitan en nuestros territorios al otro lado del Estrecho con la contundencia que se demuestre necesaria. Y mucho más si se llegara a establecer un régimen islámico en Marruecos.

Marruecos es un caso muy especial para España. La extracción de petróleo en sus aguas, pero en zonas relativamente próximas a las islas Canarias, la continua compra de material militar probablemente para hacer frente a una posible crisis con Argelia y sus aparentemente buenas relaciones con los EE. UU., y más recientemente con Israel, parecen haber hecho creer al gobierno marroquí que las continuas concesiones que el gobierno español le otorga no son suficientes para limitar sus aspiraciones territoriales.

Si esto fuese así estaríamos en el camino de un posible, pero inevitable, conflicto armado provocado exclusivamente por la actitud obstinada e irresponsable de la parte marroquí. De todos estos extremos deberían ser informados los EE. UU. para que puedan interceder ante Marruecos y evitar en lo posible cualquier conflicto entre dos países que por su historia y vecindad están llamados a la cooperación en todos los campos de la actividad económica y social.

El problema es muy grave. Su posible solución no puede esperar. Cualquier señal errónea, cualquier forma de pasividad por parte española, puede ser falsamente interpretada por Marruecos, lo que podría conducir, por falta de disuasión, a una grave pero inevitable crisis entre pueblos hermanos.

Madrid, 18 de Julio de 2024