La reorganización en la posguerra civil (VIII) Y (IX)

Tras finalizar la Guerra Civil, la Guardia Civil comenzó a reorganizarse. Para ello, previamente, era necesario conocer la situación, en todos sus aspectos, en que habían quedado las comandancias después de la contienda.

A tal efecto, el general de brigada de la Guardia Civil Agustín Piñol Riera, 2º jefe de la Inspección General del Cuerpo, cargo que desempeñaba desde su ascenso en mayo de 1938, requirió a los jefes de cada una de aquellas, un minucioso informe. La razón de ello era que el recién nombrado inspector general de la Guardia Civil, general de división Eliseo Álvarez-Arenas Romero, tenía previsto girar revista de inspección a todas las comandancias para conocer su estado.

Piñol, nacido en Zaragoza el 15 de febrero de 1877, a diferencia de la inmensa mayoría de la oficialidad de la Benemérita no procedía ni de la Academia de Toledo ni por promoción interna. Era cabo del Batallón de Chiclana Peninsular núm. 5, del Distrito de Ultramar, cuando en diciembre de 1898 aprobó el ingreso como alumno en el Colegio para oficiales de la Guardia Civil, sito en Getafe (Madrid). Durante los dos años que cursó estudios allí, estuvo como supernumerario en el Regimiento de Infantería Luchana núm. 28, de guarnición en Tarragona. Obtuvo el empleo de segundo teniente (alférez) en junio de 1901.

Al iniciarse la sublevación militar en julio de 1936, a la cual se sumó, era el coronel jefe del 24º Tercio de la Guardia Civil en Canarias, con residencia en Santa Cruz de Tenerife. Sustituyó al de mismo empleo, José Osuna Pineda, autor de la letra del himno de la Benemérita. Hasta fin de marzo de 1936, Piñol había mandado el 8º Tercio (Granada) y anteriormente, la Comandancia de Granada, tras haber estado al frente de la de Ciudad Real.

El 29 de septiembre de 1939, el general Piñol dirigió escrito al jefe de la Comandancia de Cádiz, todavía teniente coronel Vicente González García. Le solicitó un exhaustivo informe sobre muy diversos aspectos, incluidos los servicios peculiares “que se hubieran llevado a cabo durante la pasada campaña”.

Trasladado el 9 de octubre siguiente a las diferentes unidades subordinadas, pudo confeccionarse finalmente en enero de 1940. En su parte inicial se exponía que se venían prestando los servicios peculiares u ordinarios de correrías; vigilancia de carreteras; escoltas de trenes; conducciones de presos; vigilancia permanente en las sucursales del Banco de España establecidas en Cádiz, Jerez de la Frontera y Algeciras; los extraordinarios de ejecuciones de reos sentenciados a la última pena por consejos de guerra; controles de carreteras; vigilancia e investigación de campos de concentración de prisioneros de la guerra civil y varios depósitos municipales carcelarios; la elaboración de numerosos informes a las distintas autoridades; vigilancia para el cumplimiento de las disposiciones que regulan la tenencia, venta y circulación en materias de abastos; censura militar de correspondencias; comandancias militares en aquellos puntos donde no existe otra autoridad militar superior al más caracterizado de la fuerza del Cuerpo; registros de todo el personal licenciado del Ejército; el extinguido del SIPM (Servicio de Información de Policía Militar); enlace de correspondencia oficial y cuantos auxilios requerían todas las autoridades constituidas y los particulares, junto “con los de vigilancia de vías férreas, carreteras, túneles, puentes y obras de fábricas, control de circulación y entrada y salida de militares en cada localidad, registros domiciliarios, persecución de elementos indeseables por desafección al glorioso Movimiento Nacional, vigilancia de frontera y orden público”.

Dentro del extenso informe, mención especial merecía el apartado de estadísticas. Éstas, correspondían al periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 1º de abril de 1939. Abarcaban todo tipo de actuaciones sobre detenciones, conducciones de detenidos y presos, armas intervenidas, denuncias formuladas y registros domiciliarios, materializadas por componentes de la Comandancia de Cádiz en su demarcación provincial.

Como los datos estaban recopilados por compañías territoriales, no es posible conocer los relativos al municipio de San Roque, pero sí, al menos, los correspondientes a la 2ª Compañía (Campo de Gibraltar): 2.575 personas detenidas; 1.834 denuncias formuladas; 936 armas intervenidas, 6.569 personas conducidas a establecimientos penitenciarios o, a disposición de autoridades judiciales, gubernativas o militares; y 368 registros domiciliarios.

Hay que aclarar que dichas cifras comprendían todas las actuaciones de la Guardia Civil en nuestra comarca durante esos tres años, tanto las peculiares y tradicionales del Cuerpo como las extraordinarias relacionadas con la contienda.

Respecto a la cuestión de recursos humanos, el informe detallaba el estado numérico que por puestos y empleos tenía asignado en enero de 1940 la Comandancia de Cádiz, según plantilla entonces vigente; de la fuerza realmente presente en esa fecha; y de la que verdaderamente debería tener para que sus efectivos estuvieran en relación con las necesidades del servicio.

La plantilla total asignada a la Comandancia de Cádiz en julio de 1936 era de 704 efectivos (1 teniente coronel, 2 comandantes, 6 capitanes, 10 tenientes, 10 alféreces, 22 brigadas, 25 sargentos, 32 cabos, 6 cornetas, 53 guardias 1º y 520 guardias 2º).

Sin embargo, la fuerza presente en enero de 1940 era tan solo de 579 efectivos (1 teniente coronel, 1 comandante, 6 capitanes, 15 tenientes y alféreces, 21 brigadas, 22 sargentos, 43 cabos, 14 cornetas y trompetas, 52 guardias 1º y 404 guardias 2º), debido a las numerosas bajas por diversas razones acaecidas durante los tres años y medio anteriores. Es decir, fallecimientos, inutilidades físicas, ascensos, cambios de destino, retiros por cumplir la edad reglamentaria, depuraciones, etc. Todo ello sin posibilidad de reponer al no haber habido nuevos ingresos desde julio de 1936.

Y la nueva plantilla de la Comandancia de Cádiz, que proponía el teniente coronel Manuel Márquez González, recién nombrado jefe de la misma tras ascenso del anterior, era de 781 efectivos (1 teniente coronel, 2 comandantes, 6 capitanes, 20 tenientes y alféreces, 22 brigadas, 25 sargentos, 44 cabos, 11 cornetas y trompetas, 56 guardias 1º y 594 guardias 2º).

Respecto a San Roque, la plantilla asignada en enero de 1940 al puesto de la residencia era la misma que tenía en julio de 1936, es decir, de 11 efectivos, de los que 8 eran de infantería (1 brigada, 1 guardia 1º y 6 guardias 2º) y 3 de caballería (1 cabo y 2 guardias 2º). La fuerza realmente presente en enero de 1940 era de 10 efectivos, siendo 8 de infantería (1 brigada y 7 guardias 2º) y 2 de caballería (1 cabo y 1 guardia 2º). Y la plantilla necesaria que se proponía era de 10 efectivos pero con una distribución diferente (1 brigada y 5 guardias 2º de infantería así como 1 cabo y 3 guardias 2º de caballería).

La plantilla asignada al puesto de Campamento era la misma que tenía en julio de 1936, es decir, de 7 efectivos de infantería (1 cabo y 6 guardias 2º). La fuerza presente en enero de 1940 era de 5 guardias 2º, mientras que la que se proponía era de 8 efectivos (1 cabo y 7 guardias 2º).

Analizadas las propuestas de incremento de personal en el caso de estos dos puestos eran realmente austeras…

A éste efecto se debe significar que, habitualmente, el servicio diario de un guardia civil en 1940 era de unas doce horas, salvo cuando prestaba el llamado “servicio de puertas”, que entonces era de veinticuatro horas seguidas. Dicho servicio consistía en vigilar la casa-cuartel y atender a los ciudadanos que acudían a realizar cualquier gestión. No había descanso semanal y como máximo se podía disfrutar de veinte días de licencia para “asuntos propios”. Eso de las “vacaciones” era un vocablo que por aquel entonces no se usaba. El sueldo mensual era de unas trescientas pesetas.

Pero antes de continuar con otros aspectos del informe, hay que destacar, en relación al reducido número de efectivos que se padecía en todos los puestos de la Comandancia, incluidos los de San Roque y Campamento, que también se exponía lo siguiente:

“Pues son muchos los puestos de esta Unidad, que en proporción al número de población, a lo extensa de su demarcación y a las vías de comunicación que cruzan por éstas, están insuficientemente dotadas de fuerza o no tienen la del Arma (Infantería o Caballería) que necesitan.

De otra parte, según se observa en la práctica, se deja sentir la falta de varios puestos de nueva creación, unos en pueblos o aldeas que carecen de ellos y otros en despoblados, donde por ser muy extensas las demarcaciones que se limitan en algunos puntos, dada la mucha distancia a que se encuentran los puestos más próximos, no es posible atender a su vigilancia como fuera menester, y de aquí el que éstos sean sitios muy dados al refugio de gente maleante o huidos de la acción de la justicia”.

Se estaba refiriendo concretamente a los que consideraba necesario crearse en las localidades de Castellar de la Frontera y Villaluenga del Rosario, donde no existía casa-cuartel de la Guardia Civil; en las “aldeas” de La Muela en Algodonales, Benamahoma en Grazalema, Zahara de los Atunes en Barbate y Casas Viejas en Medina Sidonia (la construcción del nuevo acuartelamiento previsto tras los trágicos sucesos de enero de 1933 había quedado paralizada por la guerra civil); así como en “despoblado”, en Casas del Castaño en Los Barrios, Campano en Chiclana de la Frontera y La Alcaria en Jerez de la Frontera.

También hay que mencionar que en la localidad de Los Barrios se continuaba sin casa-cuartel desde antes de iniciarse la contienda ya que hubo que desalojar la existente por su mal estado de habitabilidad. Lo que sí había era un destacamento fijo, compuesto por un sargento y tres guardias 2º de infantería que vivían de alquiler en casas particulares.

Precisamente, el estado de todos los acuartelamientos del benemérito Instituto, uno de sus males arrastrados desde el periodo fundacional, era uno de los apartados específicos del informe del teniente coronel Márquez.

De hecho, el propio duque de Ahumada, teniente general Francisco Javier Girón Ezpeleta, primer inspector general de la Guardia Civil, ya reconocía en una circular de 17 de diciembre de 1853 que la situación en esta materia no era precisamente satisfactoria. Instaba a que al finalizar el año siguiente, transcurrida ya una década de la creación del Cuerpo, el personal estuviera ya ocupando, “edificios salubres, bien situados sobre el mismo camino real o muy inmediatos a él, con las posibles condiciones de defensa capaces para la fuerza que en ellos se aloje, inclusas las familias de los individuos que las tengan, con la segregación decorosa para éstas, e independientemente de todo otro vecino, y muy especialmente de los que tengan tienda u otro establecimiento análogo”. Sin embargo, tan loable propósito nunca llegó a verlo.

De hecho, noventa años después de que la Guardia Civil se desplegase en la provincia de Cádiz, la situación era tan patética, que el coronel Fulgencio Gómez Carrión, jefe del 16º Tercio (Málaga), con ocasión de la revista de inspección girada a todos los puestos de la comandancia gaditana, dejaría escrita el 6 de diciembre de 1935 la siguiente providencia:

“Será objeto de preferente atención los alojamientos de los individuos a fin de que sus viviendas sean higiénicas y con habitaciones suficientes para evitar vivan en sensible promiscuidad las familias con grave detrimento del decoro y moralidad necesarios e imprescindibles. En la provincia existen casas-cuarteles en esas lamentables condiciones, entre ellas, las de los Puestos de Almoraima y Barbate; de todas ellas mandará instruir expediente y someterlo a la resolución de la Superioridad; es preciso velar por el prestigio y decoro de nuestros subordinados, evitando vivan como gitanos en inmoral mezcolanza”.

Cinco años más tarde, y con una guerra civil por medio, la situación no había hecho más que empeorar, razón por la cual, el teniente Márquez hizo constar en su informe que 36 de las 49 casas-cuarteles que entonces había en la provincia de Cádiz, “no reúnen condiciones de seguridad, capacidad, salubridad ni aún las más elementales reglas de moralidad”.

Tras resaltar la penosa situación de la ubicada en La Línea de la Concepción, “punto fronterizo con Gibraltar, balcón de España pudiéramos llamarle, donde el extranjero nos mira y observa, es francamente bochornoso el estado en que se encuentra”, proseguía en su informe afirmando que la mayoría de las viviendas, denominadas “pabellones” en el argot militar, eran reducidas en número de habitaciones y superficie, contando muchas de aquellas con tan sólo dos dormitorios.

Pero el teniente coronel Márquez no se contentaba sólo con exponer ese grave problema, habida cuenta que muchos de los guardias civiles tenían familias numerosas. También exponía que, “las cocinas, lavaderos y retretes, además de insuficientes, por ser generalmente de uso común, son verdaderos semilleros de rencillas donde se fomentan frecuentes discordias entre las familias que las habitan, con el consiguiente quebranto de la buena armonía que por indispensable, debe existir en las casas-cuarteles del Cuerpo”.

Todo lo cual le hacía llegar a la conclusión de que, “el problema de acuartelamiento, por ser quizás el más importante que tiene planteado el Cuerpo, es asunto al que debe atenderse preferentemente, aparte de otras razones no despreciables, siquiera sea por decoro y humanidad”.

Respecto a las dos casas-cuarteles ubicadas en el municipio de San Roque, la calificación del estado de ambas era “malo”. La existente en la localidad se hallaba sita desde 1899 en el número 14 de la calle Herrería. Inicialmente el inmueble era propiedad de Manuel Caballero de Luna, representado por Manuel de Casas Paradas. Posteriormente pasó a ser propiedad de Francisco Emilio Rendón Delgado, y ya en la posguerra, a la titularidad de Ramona López Riquelme. Ésta era esposa del todavía, enero de 1940, comandante de Carabineros Ignacio Molina Pérez, jefe de la “Sección Especial en Algeciras del Alto Estado Mayor y Jefe de la Secretaría de Información del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar”.