La reorganización en la posguerra civil del Cuerpo de Carabineros (XVII)

Desde el inicio de la sublevación militar en julio de 1936 no se habían convocado vacantes de nuevo ingreso para el benemérito Instituto de Carabineros ni para el de la Guardia Civil. Todos los ingresados en ambos Cuerpos a partir del 18 de julio de dicho año en la zona republicana fueron dados de baja por los vencedores al terminar la guerra civil. Todo ello sin excepción alguna y sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir durante la contienda, a juicio de quienes habían sido sus enemigos.

En febrero de 1940 habían transcurrido por lo tanto, más de tres años y medio sin reposición de las bajas producidas por fallecimiento, enfermedad, depuración, condena o pase a la situación de retiro por cumplimiento de la edad reglamentaria. La situación en materia de personal era realmente muy preocupante ya que a duras penas podían cubrirse los cometidos encomendados por la normativa vigente. Tampoco se había dispuesto aumento alguno de sus plantillas, estando teóricamente en vigor las mismas que había al inicio del mes de julio de 1936.

A ello hubo que añadir que, por decreto de 26 de enero de 1940, se convocó un concurso, “entre individuos y clases de la Guardia Civil, Carabineros y demás Cuerpos Armados del Estado”, para la provisión de 800 “plazas de guardianes de Prisiones”. La razón de ello era “dotar los Establecimientos penitenciarios del personal de vigilancia que en crecido número exige la amplitud del problema actual”. Es decir, que había aumentado tanto la población reclusa tras la contienda que era necesario incrementar la plantilla.

El acudir a ese tipo de recluta tenía “la doble ventaja de llevar al servicio de las Prisiones funcionarios en quienes el conocimiento de la disciplina y su habitual práctica representan una garantía de acierto en el desempeño del cargo, y la de producir menor gasto sus remuneraciones por reducirse a una retribución sobre sus haberes de retiro”.

Realmente era una forma barata y rápida de conseguir funcionarios de prisiones ya que los que ingresasen solo percibirían un complemento de 166 pesetas mensuales a su pensión, “más derecho a plus de alimentación”. Teniendo en cuenta que dichas pensiones no llegaban a las 300 pesetas mensuales, era la única forma de incrementar los interesados unos ingresos que por decirlo de forma suave, eran muy ajustados.

A dicho concurso podía optar el personal que se encontrase en servicio activo con derecho a obtener retiro y hubieran cumplido los 45 años de edad. Ello implicaba llevar por lo menos veinte años de servicio y tener que pedir previamente el pase a la situación militar de retirado, caso de ser seleccionado, ya que la adjudicación de plazas se haría por rigurosa antigüedad en el escalafón.

Dicha opción implicó una nueva merma del personal que prestaba servicio en los Cuerpos de procedencia. Fruto de esa imperiosa necesidad de comenzar a cubrir al menos una parte de las vacantes existentes, se dictó el 26 de febrero de 1940 una orden ministerial de Ejército para proveer en la Benemérita un total de 6.000 plazas de guardias civiles de 2ª clase.

Entre los requisitos para concurrir a las pruebas convocadas estaban los de ser español, tener entre 20 y 32 años de edad, observar buena conducta, haber servido al menos dos años en las Fuerzas Armadas y no tener nota desfavorable sin invalidar, “atentatoria a la disciplina o a la moralidad” en la “hoja de castigos”. Pero también era requisito indispensable el de cumplir la circunstancia de, “que no hayan prestado servicio a los rojos”.

De hecho, entre los documentos a suscribir por los aspirantes, debían jurar por su honor, “no haber pertenecido a partidos ni organizaciones políticas de izquierdas y haberse adherido desde el primer momento a la Causa Nacional (o haberse pasado a las filas Nacionales, prestando servicio en el Ejército Nacional)”.

Los que resultasen admitidos en los exámenes de ingreso referidos pasarían seguidamente a un “Depósito de Instrucción”, en el que permanecerían durante tres meses, “sometidos a un plan riguroso de acuartelamiento”. Este paso previo a la constitución de las futuras academias regionales de formación de guardias civiles fue un aspecto novedoso en la Guardia Civil. Hasta entonces, o mejor dicho hasta julio de 1936, los recién ingresados se incorporaban individualmente al puesto asignado y su formación correspondía al comandante del mismo y a sus compañeros más veteranos.

En la mentada convocatoria de febrero de 1940 se hacía constar que dicha admisión tenía carácter provisional durante el mentado periodo de instrucción, pudiendo causar baja por falta de aptitudes o mala conducta. Transcurridos esos tres meses de adiestramiento, los que lo hubieran superado y resultasen admitidos en la Guardia Civil, debían firmar un compromiso de enganche por un plazo de tres años, a la terminación del cual, si lo deseaban, podían contraer otro, ya por tiempo indefinido.

No obstante, por mala conducta o falta de aplicación, podían causar baja en la Benemérita en cualquier momento. La rigurosa y severa disciplina interna del Cuerpo así como el estricto cumplimiento de la premisa de que el honor había de ser la principal divisa del guardia civil, impedía cualquier condescendencia con la falta del cumplimiento del deber o cualquier inmoralidad.

Mientras tanto, el Cuerpo de Carabineros que también había pasado por vicisitudes similares al de la Benemérita en materia de personal, continuó sin que se realizase convocatoria alguna para personal de nuevo ingreso. Ello era señal inequívoca de que sus días de existencia estaban contados.

En febrero de 1940, Carabineros seguía contando con las veinte Comandancias que quedaron tras la reorganización dispuesta el 2 de noviembre de 1935, ya mencionada en un capítulo anterior: 1ª Barcelona-Tarragona, 2ª Gerona (Figueras-Ripoll), 3ª Huesca-Lérida, 4ª Valencia-Castellón, 5ª Baleares, 6ª Alicante, 7ª Murcia, 8ª Almería-Granada, 9ª Málaga-Estepona, 10ª Algeciras, 11ª Cádiz, 12ª Sevilla-Huelva, 13ª Badajoz, 14ª Salamanca-Cáceres, 15ª Madrid e Interior, 16ª Zamora-Orense, 17ª Coruña-Pontevedra, 18ª Asturias-Lugo-Santander, 19ª Guipúzcoa-Vizcaya y 20ª Navarra.

La de Algeciras, que tenía por demarcación el Campo de Gibraltar y por lo tanto la de menor extensión, continuaba siendo en proporción territorial, la que concentraba de todas ellas, el mayor número de carabineros. Eso era debido al intenso contrabando procedente de la colonia británica de Gibraltar, y más aún en tiempos de posguerra civil donde las necesidades de determinados géneros y productos eran aún mayores.

Desde el 9 de febrero de 1940, fecha de su incorporación, se encontraba a su frente el teniente coronel Joaquín Moreno Lara, que como ya se expuso en su momento, procedía por ascenso de la 12ª Comandancia de Sevilla-Huelva. Sería el último jefe de la Comandancia de Carabineros de Algeciras y el primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Mientras tanto, en el Ministerio del Ejército se llevaba varios meses trabajando discretamente en la reorganización del Cuerpo de la Guardia Civil y la desaparición del de Carabineros, contándose aunque en mucha menor medida con el de la Gobernación y aún menos con el de Hacienda.