Lawfare es una palabra novedosa, cuyo verdadero significado resulta impreciso y sus contornos se presentan extremadamente difusos. Es un anglicismo derivado de la contracción de dos palabras igualmente inglesas: law (ley) y warfare (guerra), cuya traducción literal seria «guerra jurídica» o «guerra judicial», pero en la actualidad resultan más apropiadas «persecución legal», «persecución judicial», «instrumentalización de la Justicia» o «judicialización de la política». Es un concepto ciertamente complejo, e incluso hay autores, como los profesores Gándara Pizarro, que niegan la existencia real del lawfare, al considerar que «su naturaleza y elementos constitutivos no son exclusivos e independientes de otras variaciones [de las relaciones habidas] del poder político y judicial»

Sin embargo, determinadas fuerzas políticas insisten en la existencia del lawfare, que en un Estado de Derecho, su simple enunciación, resulta cuanto menos injuriosa para sus instituciones y calumniosa para sus funcionarios.

El fenómeno del lawfare no es nuevo, pero ha ganado relevancia en los últimos años, debido a su frecuente uso en disputas políticas. Este término nació en el ámbito militar y fue creado y usado por primera vez en 2001, por el coronel del Ejército del Aire de los EEUU Charlie Dunlap, en el ensayo Law and Military Interventions donde lo describía como «un método de guerra no convencional, en el que la Ley era usada como un medio para conseguir un objetivo militar». Es la guerra por medios jurídicos. De esta manera, la Ley se convierte en un arma más para su uso en un conflicto bélico. En un principio, lawfare, como sinónimo de «guerra jurídica», resulta irreprochable porque el derecho es, seguramente, el arma más humana y social de entre las muchas y muy letales que hoy día existen.

El problema empieza cuando el lawfare se traslada del campo militar al político, y cuando el uso se transforma en abuso, de manera que la Ley y el Derecho se convierten en armas políticas cuya finalidad es la ilegitima destrucción del adversario político.

Es esencial distinguir entre el uso legítimo de procedimientos legales para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, en definitiva el Estado de Derecho, y el supuesto uso manipula ti voy abusivo del sistema judicial con fines políticos. Ese carácter ilegítimo es el que hace detestable el uso del derecho para estos fines, ya que, evidentemente, el derecho a la legítima defensa que todo estado tiene, le habilita para superar a aquellos grupos delictivos, amparados o no, por fuerzas políticas, que pongan en peligro la seguridad nacional, el Estado de Derecho o su integridad territorial. En estos casos, hablar de lawfare es tan injusto como inapropiado. El uso del derecho para combatir a los enemigos del Imperio de la Ley es una obligación de todo estado democrático.

Por lawfare se entiende «el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, es decir, la aplicación de la Ley como arma para destruir al adversario político por la vía judicial» y ha venido denunciándose fundamentalmente por fuerzas populistas y de extrema izquierda, sobre todo en Iberoamérica, al creerse víctimas de una ilegitima persecución judicial por parte de las fuerzas conservadoras. Esta victimización de las fuerzas políticas de izquierda ha atraído recientemente a fuerzas supremacistas catalanas, transformarse de victimarios en víctimas, y consecuentemente, mutar a los defensores del Estado de Derecho en presuntos delincuentes, lo que resulta, en la España del siglo XXI, una infamia de proporciones ciclópeas.

Con independencia de lo que pueda ocurrir allende nuestras fronteras, nuestro sistema judicial, incluso con su problemática, dista mucho de ser el ejército togado que denuncian los defensores del lawfare.

La existencia de sentencias cuestionables, muchas de ellas removidas en los correspondientes recursos, no convierte al sistemajudicial español en el grueso del ejército togado que supone el lawfare. Mucho menos se puede deducir que éste se haya dirigido contra los responsables de los delitos del proceso de rebelión/sedición de algunas fuerzas independentistas. Se cometieron delitos de extrema gravedad y tuvieron un proceso justo con sentencias razonables. No se puede negar esta realidad sin deslegitimarse.

Los juristas (magistrados, jueces, fiscales y abogados) que intervinieron en los correspondientes procedimientos judiciales derivados del 1-O, lo hicieron con exquisita profesionalidad y solvencia y, en algunos casos, pudimos ver lecciones magistrales de Derecho, por lo que la acusación de lawfare está fundada en mayúsculas falsedades e imposturas. De ahí la legítima, oportuna y proporcionada reacción de los profesionales del Derecho, que se han llevado a cabo días atrás.

Se podría entender, pero no compartir, la denuncia de lawfare por parte de los supremacistas catalanes, consecuencia de su delirante ensoñación, pero si a ella se suma un partido de gobierno de ámbito nacional, enciende todas las alarmas de detección temprana en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes.