La Asociacion Española de Militares Escritores (AEME), ha iniciado inicia una nueva serie de artículos que verán la luz los sábados, en varios digitales, bajo el titulo general de: AEME II/CICLO22: LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA. el siguiente corresponde al tercer artículo de la serie.
Guerra compleja, armamento inteligente, superioridad en el combate y capacidades tecnológicas
La guerra de Ucrania está sirviendo como escaparate para mostrar un conjunto de realidades contrastables en cuanto a cómo y de qué manera se gestan y evolucionan las circunstancias y condicionantes que coadyuvan a los grandes conflictos geopolíticos y militares. Por primera vez, tras el final de la Guerra Fría, los principales bloques geopolíticos y geoeconómicos en competencia por la hegemonía de la gobernanza mundial se han visto arrastrados a un escenario diplomático y militar que presenta, por un lado, la posibilidad concreta de llegar a generar escenarios de destrucción mutua y, por el otro, un complejo contexto de necesidades sociales y económicas que atender tras los terribles efectos de la pandemia del COVID‑19.
El conflicto ucraniano ha dejado en evidencia la existencia de un problemático conjunto de escenarios y dinámicas que afectan a diferentes fenómenos y procesos geopolíticos, sociales, económicos, tecnológicos, militares, energéticos y logísticos. Este complejo ecosistema interdependiente, estratégicamente catalizado por la guerra, ha obligado más que nunca desde la caída del muro de Berlín a los gobiernos occidentales y a sus estructuras militares, a tener que alinear sus capacidades geoestratégicas y de defensa a corto plazo junto al resto de necesidades económicas y productivas. En particular, a las derivadas de la garantía del suministro de otros bienes y servicios públicos, percibidos como absolutamente necesarios en nuestras sociedades desarrollas modernas y, todo ello, con unos niveles de exigencia en las actuaciones de gobernanza como no se había experimentado a nivel mundial desde hacía décadas.
En tales circunstancias, tanto en España como en el resto de los países que conforman la Unión Europea, junto a los miembros la Alianza Atlántica, se han tomado una serie de decisiones estratégicas, en particular en la última cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, acompañadas de un conjunto de medidas que implicaban asignar unos niveles de recursos presupuestarios en materia de Defensa Nacional por encima de los habitualmente destinados al sector. Así pues, en el caso de las inversiones dedicadas a innovación y tecnología de la defensa, hay dos partidas presupuestarias de aplicación que se han visto particularmente beneficiadas. Nos referimos al Programa 122.B Programas especiales de modernización, incluido en Área de Gasto 1 de Servicios Públicos Básicos; y al programa 464.A. de Investigación y estudio de las fuerzas armadas, encuadrado en el grupo de programas 4.6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN del Área de gasto 4 – Actuaciones de carácter económico.
Por lo que se refiere a los Programas Especiales de Modernización, éstos son el resultado de la cooperación entre los Ministerios de Defensa y de Industria, Comercio y Turismo. Tienen como objetivos el dotar de los mejores sistemas de armamento y tecnologías para el combate a nuestras Fuerzas Armadas en el campo de batalla, así como explotar las sinergias derivadas de sus desarrollos tecnológicos para la potenciación e impulso al crecimiento del tejido económico y productivo nacional en su conjunto. A tal fin, la partida presupuestaria asignada este año en los Presupuestos Generales del Estado alcanza la cifra de 4.901,71 millones de euros frente a la prevista el año anterior, que fue de 2.848 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento
del 72,11 %. Es innegable que este aumento representa una subida sustancial con relación a las asignaciones de ciclos presupuestarios anteriores.
En cuanto al programa 464.A. de Investigación y estudio de las fuerzas armadas, y en particular la partida de inversiones correspondiente a su Objetivo 2: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), asciende este año a la cifra de 196,02 millones de euros. Esta partida incluye todas aquellas acciones e inversiones dirigidas a la investigación para su aplicación en el diseño y desarrollo de nuevos prototipos de sistemas de armamento. En su confección se presta una especial atención a aquellos proyectos e iniciativas que, por su carácter dual, favorecen las sinergias y externalidades positivas en los sectores civiles de alta y media tecnología de nuestra industria nacional. Además, el conjunto de actuaciones que abarcan sus proyectos está enmarcado en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2020 (ETID). Para entender la importancia y el verdadero alcance de invertir en este programa, también hay que indicar que la actividad del INTA abarca más de 350 proyectos relacionados con la I+D, que están a su vez asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a las políticas de la Unión Europea destinadas a la reducción de la contaminación del medioambiente, así como a impulsar la cooperación y coordinación con universidades y empresas.
Ahora bien, la pregunta que deberíamos plantearnos es, si un aumento tan significativo de las inversiones en estos programas, algunos de cuyos objetivos son los de aumentar la capacidad operativa, la resiliencia y la efectividad de nuestra Defensa Nacional, recordemos que estamos hablando de una cifra que supera los 5.000 millones de euros, está realmente o no justificada. La respuesta es sin duda alguna que sí. La realidad de los hechos lo avala, tanto por lo que se refiere a las necesidades reales de seguridad, el escaparate de la guerra de Ucrania es su mejor demostración práctica, junto a la necesidad de potenciar nuestro tejido tecnológico e innovador en cuanto principal fuente de impulso a la productividad, lo que representa uno de los factores determinantes del crecimiento económico, condición sine qua non para sostener y mejorar el estado del bienestar de nuestras sociedades.
Sin embargo, no debemos olvidar que uno de los principales argumentos de controversia en lo referente a invertir en políticas de Defensa y Seguridad Nacional frente a otras políticas sociales, ha sido históricamente el derivado de la componente ideológica que determina el proceso de la toma de decisiones en materia de gasto público. El principal problema reside en ofrecer respuestas por parte de los gobiernos lo más satisfactorias posibles a las demandas del conjunto de la sociedad, sobre si es mejor gastar en cañones o en mantequilla y en qué proporción hacerlo. Para ello debemos tener en cuenta lo que la ciudadanía entiende y percibe como necesidades más o menos inmediatas y apremiantes.
Este nivel de percepción y su intensidad van de la mano de otro importante concepto económico, el de coste de oportunidad. Este representa el verdadero coste de nuestras decisiones en cada proceso de elección al que nos vemos continuamente sometidos, ya sea a nivel individual o colectivo. Representa ni más ni menos que la idea, de a qué estamos dispuestos a renunciar en términos de otras posibles elecciones, para conseguir satisfacer nuestros deseos y necesidades en un momento determinado. Resulta evidente que el sentido de inmediatez que rige el deseo y la necesidad de cubrir las carencias percibidas por los ciudadanos juega un papel instrumental fundamental a la hora de preferir gastar en servicios públicos básicos como la Defensa o la Política Exterior, frente a otras políticas como puedan ser los servicios y la promoción social, las ayudas al desempleo, el acceso a la vivienda o la producción de bienes públicos de carácter preferente como sanidad, educación y cultura.
Sin embargo, la disyuntiva de tener que elegir entre posibles alternativas de gasto e inversión, no es tan sencilla a la hora de tomar decisiones como podría parecer. Independientemente del condicionante ideológico y del contexto político que pueda enmascarar la verdadera importancia y necesidad de gastar en un tipo de políticas frente a otras, existe una realidad que exige distinguir claramente lo que son necesidades estructurales, para mantener y defender nuestro modelo democrático de convivencia en forma pacífica, de otras que, por tener un carácter más coyuntural, no dejan también de ser importantes a los ojos de los ciudadanos. En este sentido la Defensa representa un factor sistémico sobre el que se sustenta nuestro modelo constitucional y de libertades.
Por lo tanto, se puede asegurar que el gasto en Defensa y Seguridad Nacional es importante por su propia naturaleza sistémica y dentro del mismo, las inversiones en tecnologías de defensa también lo son y por partida doble ya que revisten un interés particular al aportar una doble componente positiva con relación a otros tipos de gasto de inversión. En primer lugar, la ventaja tecnológica que es uno de los factores determinantes para conseguir la superioridad en el combate. Esta es una realidad históricamente contrastada y que, por si cabía alguna duda, se ha vuelto a confirmar en la guerra de Ucrania. En segundo lugar, el gasto en inversión en defensa contribuye al impulso de un tejido productivo y empresarial cada vez más potente y avanzado. La dualidad que presentan la mayor parte de las tecnologías de carácter militar las convierte, desde el punto de vista de la mejora de la productividad y del crecimiento económico, en una parte estructural sobre la que se sustenta el modelo productivo capaz de garantizar la resiliencia y el bienestar social y económico.
Es por todo ello, que finalmente podemos concluir que la Defensa Nacional vale porque sirve y la tecnología de defensa sirve porque vale. Demos, por lo tanto, la bienvenida al aumento del gasto real en inversión en unos programas tecnológicos e innovadores tan necesarios e indispensables para mejorar nuestras capacidades militares, y a la vez coadyuvantes del desarrollo y potenciación de nuestro tejido económico, productivo y empresarial nacional.
Antonio Martínez González
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos