En el marco del Programa de Colaboración de Asociados (PCA-AEME 2023-24), el Capitán de Navío, r D. Aurelio Fernandez Diz, envía este articulo que ha sido publicado en el diario digital La Critica, habitual colaborador de AEME
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| Armada española. Grupo de Combate Expedicionario “Dédalo-23”. (Foto: https://galaxiamilitar.es/). |
Cualquier observador interesado puede comprender y defender que la espinosa cuestión de la permanencia en nuestro territorio de una colonia extranjera es el resultado de graves carencias por parte de los sucesivos presidentes del gobierno que hemos tenido, en especial durante los últimos 49 años, y sus correspondientes ministros de asuntos exteriores con la justa excepción del ministro Jose Manuel García-Margallo que demostró conocer y tener la voluntad de resolver el grave problema que tanto nos está afectando.
También podríamos redimir al ministro Josep Piqué que, a las órdenes del presidente Aznar, hizo lo que pudo cuando negoció en el año 2001/2002, con su colega Jack Straw, la cosoberanía de la colonia aprovechando la buena voluntad del primer ministro británico Toni Blair, negociación que fue torpedeada por el “lobby” gibraltareño dentro del propio parlamento británico. Las mencionadas carencias de nuestra política exterior y una clara falta de motivación por parte del RU, después de lograda la apertura de la Verja, están llevando el contencioso de Gibraltar a una encrucijada de cada vez más difícil solución.
Porque el Reino Unido (RU) viene demostrando, desde siempre, ser capaz de ir solo a lo suyo sin atender a razón alguna. Cualquier negociación como la que actualmente se está llevando a cabo dentro de la Unión Europea (UE) sobre el futuro de su colonia será para el RU un juego de siempre gana (win-win), sin que verdaderamente le importen un ápice las razones de España, las de la UE, las resoluciones de las Naciones Unidas (NNUU) y hasta los verdaderos intereses de la población gibraltareña, a la que mantiene como simple rehén.
Cuando aún no han finalizado las conversaciones con la UE, hemos podido conocer lo que va a ser un relleno ilegal en aguas españolas de 50.000 toneladas de bloques de piedra que una cantera malagueña está proporcionando a los administradores gibraltareños para ganar terreno al mar en una zona al Este del Peñón declarada por España de protección ecológica y con la aprobación de la propia UE. Y, mientras tanto… que sigan las conversaciones que ya verá el RU lo que hace con ellas.
La conducta británica, permanentemente agresiva, se alimenta de un relato demasiado aceptado por la parte española, cuando reclama la soberanía de un territorio, como el gibraltareño, sobre el que no tiene más derechos que los que el Tratado de Utrecht le concede que no es más que la posibilidad de establecer una base militar en territorio español [1]. El tema es de trascendental importancia porque si verdaderamente el RU ostentase la soberanía que reclama, podría aumentar su mar territorial a su entero capricho e incluir toda la bahía de Algeciras, y más, si considera que tiene fuerza militar suficiente para lograrlo [2]. La continua agresividad del RU hacia nuestra integridad territorial nos lleva a considerar que el casi insignificante “animus pugnandi” diplomático debe salir de su anodino existir si queremos ser dueños de nuestro propio destino y no vivir al dictado de cualquier poder extranjero, como España nunca aceptó.
Después del Tratado de Utrecht , todos los gobiernos ingleses reconocieron la condición de costa seca de su colonia y aceptaron disponer solo de las aguas interiores del puerto, ninguna conexión con el resto del territorio español circundante y ninguna forma de mar territorial que solo corresponde a las naciones soberanas sobre su propio territorio, en nuestro caso sobre las aguas que rodean todo el Peñón y la zona del istmo donde se construyó el aeropuerto, aguas que son absolutamente españolas, como las NNUU reconocieron en su día.
En azul, aguas de jurisdicción española que el RU pretende adjudicarse como si Gibraltar fuese territorio británico. Destaca claramente la vocación depredadora de lo que parece ser una exagerada mutilación de la que podría ser Zona Económica Exclusiva (ZEE) española. (Del documento National Strategy for Maritime Security 2022)
Podemos decirlo con toda claridad. El territorio de Gibraltar no es inglés ni hasta el propio RU pretende que lo sea. Si así fuese, los conocidos “llanitos” serían ciudadanos británicos, algo que el propio RU ni concibe, ni desea. Ni tampoco es gibraltareño porque la colonia no es ni podrá ser un estado independiente, aunque el RU quiera adornarlo como tal, por puro interés, a base de bloques de piedra que el gobierno español de momento no está impidiendo.
Muy en contra de lo establecido en Utrecht, la insaciable ambición del RU le permite concebir que puede transformar parte del genuino territorio de un aliado en un mini estado, parásito de la economía española, y títere al servicio de sus oscuros intereses. Todas las medidas que el RU adopta, de gravedad progresiva, referidas a su colonia son indignas de un verdadero estado que se pretenda sujeto al derecho internacional. Por este motivo, España no puede limitarse a defender su integridad territorial con un simple discurso anual ante NNUU a las que puede confundir con la tácita aceptación, por lo menos en apariencia, del hecho colonial.
Parece que todo indica que España debiera abandonar el incierto concepto de prosperidad compartida [3], probablemente cerrar la Verja y continuar no reconociendo mar territorial alguno hasta que el RU se avenga a tomar en la debida consideración las razones de España.
Es también completamente necesario compartir este entendimiento del problema con nuestros aliados en la OTAN y en la UE y especialmente con los EEUU: el Estrecho de Gibraltar siempre estará mejor controlado por una España debidamente respetada en su integridad territorial que por una España injusta e inmerecidamente tratada por un anacrónico imperialismo británico.
Curiosamente, hora mismo, a la población gibraltareña lo que le conviene es que el territorio en el que habitan sea considerado como lo que realmente es: territorio español a todos los efectos. El establecimiento de la zona de prosperidad compartida permitirá el intercambio de personas, como si la colonia estuviese incluida en la zona de Schengen, pero, para todo lo demás, los gibraltareños, con Fabian Picardo al frente, desean vivir bajo la sombrilla y protección del RU. Pero he aquí que el RU no ve claro que esta verdadera necesidad del pueblo gibraltareño no termine yendo en contra de sus intereses estratégicos o sus afanes expansionistas. De ahí sus reticencias para firmar el acuerdo. Se demuestra así que la protección de los intereses gibraltareños, que el RU dice defender es solo un procedimiento de defender los suyos, como hace habitualmente.
La posición oficial del actual gobierno español es bien conocida: apoyar el establecimiento de la zona de “prosperidad compartida” pensando que ello favorezca los intereses materiales de la población del campo de Gibraltar. La posición española incluye también la eliminación de la Verja, como Picardo propuso y ya no propone, para facilitar el tránsito incondicional de las personas españolas o gibraltareñas que lo necesiten algo que, en su conjunto, parece más un error que un acierto, también para el RU.
Debemos dejar constancia de que el RU tiene derecho a mantener en permanencia una base militar en territorio español, como quedó acordado en el Tratado de Utrecht en un no tan lejano 1713. Las aguas territoriales que rodean el Peñón pertenecen a España, verdadera poseedora de la soberanía sobre su propio territorio. Por tanto, España no puede legalmente aceptar ninguna forma de declaración unilateral de “british Gibraltar territorial waters” cuya extensión quedaría a la voluntad de lo que al RU le vaya conviniendo.
Por otro lado, parece evidente que el ministro Albares deba tener presente, en sus negociaciones con su homólogo inglés, que cualquier forma de Tratado sobre Gibraltar entre el RU y la UE, después del Brexit, no podrá sustituir de ningún modo al Tratado de Utrecht y a la correspondiente Resolución de las NNUU que obliga al RU a la devolución de su colonia a la mayor brevedad a su legítimo propietario. Y debemos suponer también que ante una muy probable petición de reingreso del RU en la UE el gobierno español no lo autorizará mientras el RU no cumpla con el mencionado mandato de NNUU y acepte que Gibraltar es de España, como todo el pueblo español, hoy más que nunca, clama.