España y la cuestión del Sahara Occidental
El pasado Jueves Santo, día 17, en una comparecencia anunciada con menos de 24 horas de anticipación, los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares, y de Marruecos, Nasser Burita, aceleraron la legalización de la ocupación marroquí del Sahara Occidental, repitiendo los adjetivos asumidos en los días previos por Estados Unidos, el 8 de abril, y Francia, el 15 de abril.
Lo cierto es que Rabat ha conseguido que Estados Unidos –ha comprado 600 misiles a Washington por 730 millones de dólares– Francia –desencadenando una crisis diplomática con Argelia– y España, refuercen y respalden el plan de autonomía para la excolonia española presentándola como la única vía para resolver el conflicto descartando el referendum de autodeterminación reclamado por el Frente Polisario y por Naciones Unidas.
En román paladino, España se ha plegado al calendario de Marruecos, que en apenas nueve días ha actualizado el compromiso de Estados Unidos, Francia y España con su plan de autonomía, que supone la anexión del Sahara Occidental por parte del régimen marroquí.
Marruecos considera que este momento es ideal para el impulso a su plan de autonomía con Trump como presidente de Estados Unidos, Macron y Sánchez declarando su apoyo e Israel proporcionándole ayuda en varios sectores mientras que Argel, el gran enemigo de Rabat y principal socio del Frente Polisario, se encuentra debilitado, y España, la aún potencia administrativa del Sahara Occidental, aparece como vulnerable.
En el primer punto del comunicado conjunto hispanomarroquí de la Reunión en Rabat, del 7 de abril de 2022, entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el rey marroquí, Mohamed VI, se señala que nuestro país reconoce la importancia de la cuestión del Sahara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo.
En dicho comunicado, España entregó a Marruecos, de forma gratuita, la baza que desde hace mucho tiempo deseaba Rabat, rompiendo la posición tradicional de España durante 46 años, con independencia del partido que estuviera en el gobierno, al mismo tiempo que nuestra nación se posicionaba en contra de la legalidad internacional.
No se debe olvidar que España continúa siendo la potencia administradora del Sahara Occidental de iure aunque no de facto y que Naciones Unidas, en el año 2002, dictaminó la nulidad del Acuerdo Tripartito de Madrid, de 1975. De hecho, Naciones Unidas sigue considerando a España como potencia administradora con las obligaciones indicadas en los artículos 73 y 74 de la Carta.
Hay que partir de la base de que, con independencia de su objetivo de hacerse con Ceuta y Melilla, la prioridad absoluta de Marruecos es alcanzar la soberanía sobre el Sahara Occidental. Hay dos principales razones. Una es la de los recursos. Los minerales existentes en el territorio saharaui, especialmente los fosfatos, los derechos de pesca en el rico banco sahariano, la explotación de los hidrocarburos que existen entre las costas canarias y las saharianas junto a su ampliación, en marzo de 2020, de la zona económica exclusiva a 200 millas y de la plataforma continental hasta las 350 millas, contadas desde las costas saharauies en las que no tiene soberaía, incluyendo el monte submarido Trópic, situado a unas 300 millas al sur de la isla de El Hierro, que contiene importantes reservas de telurio y cobalto.
Otra importante razón es estratégica. Por un lado, al adueñarse del Sahara Occidental, que responde al viejo propósito del país de convertirse en el Gran Marruecos, amplía sustancialmenre su territorio en unos 260.000 km2 y sus costas atlánticas de una longitud aproximada de 1.000 kms, situándose en una posición geoestratégica muy favorable respecto al territorio español, principalmente mirando a Canarias y, por otro, se consolida como una potencia media africana con un peso político específico propio y capaz de garantizar la estabilidad en una región conflictiva contando siempre con el apoyo estadounidense, aparte de impedir la salida al Atlántico de su principal rival, Argelia.
Para España, el establecimiento del Sahara Occidental como un Estado independiente, sólido y creíble, constituye un importante factor de estabilidad en el teatro geopolítico del Norte de África y de África Occidental ya que facilita el equilibrio estratégico de las potencias de la región, garantiza nuestra posición geopolítica, incrementa la seguridad de nuestro entorno geoestratégico próximo y responde con rotundidad a nuestros intereses estratégicos nacionales al mismo tiempo que aumenta nuestro prestigio a nivel regional e internacional.
Si bien es cierto que el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí, de 2020, sobre el territorio del Sahara Occidental constituye un importante espaldarazo para Marruecos, también es verdad que la Unión Europea mantiene su posición común, apoyando al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, y a su enviado para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura, en su esfuerzo por “continuar el proceso político hacia una solución justa, realista y pragmática, duradera y mutuamente aceptable para la cuestión del Sahara Occidental”. La UE insiste en que cualquier resolución debe estar en conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A fecha de hoy, hay 84 países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) –de los actuales 193 países miembros de Naciones Unidas– en tanto que Estados Unidos, Francia, Alemania y España apoyan la propuesta de autonomía marroquí.
Con independencia de las repercusiones políticas, jurídicas y estratégicas de las declaraciones de varios países, incluida España, en relación con la cuestión del Sahara Occidental, parece lógico y razonable que el Estado español tenga en cuenta, de acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas y del derecho internacional, las consideraciones que se relacionan a continuación.
Reorientar la posición tomada por el presidente español, Pedro Sánchez, en el mes de abril de 2022, reestableciendo la Política de Estado que siempre ha mantenido España en la cuestión del Sahara Occidental. Es decir, actuando siempre en el marco de Naciones Unidas respetando la legalidad internacional.
Reafirmarse en su posición de seguimiento de la doctrina de Naciones Unidas, es decir, del derecho internacional, de que la cuestión del Sahara occidental es un problema de descolonización que debe resolverse mediante la organización de un referéndum entre el pueblo saharaui que determine el estatus futuro del territorio.
Para mantener y afianzar nuestra credibilidad internacional y en defensa de nuestros intereses estratégicos, resulta imprescindible adoptar una actitud proactiva, por parte de nuestra diplomacia, realizando los contactos y gestiones oportunas para encontrar los apoyos y negociaciones internacionales necesarios, particularmente los de Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y países iberoamericanos, conforme a nuestra estatura estratégica mundial. En concreto, llevar la iniciativa y no estar en posición reactiva frente a las propuestas e iniciativas de Marruecos.
Jesús Argumosa Pila General de Division del ET, r
Vicepresidente 2º de l Asociacion Española de Militares escritores