El largo camino sobre los datos de la delincuencia común

Centrándonos en la situación existente en el año 1845, que fue cuando el nuevo Cuerpo de la Benemérita comenzó a desplegarse y ejercer sus funciones en el Campo de Gibraltar de entonces, hay que resaltar la dependencia gubernativa y operativa que tenía aquella 4ª Sección de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. Al publicarse su implantación, su cabecera se fijó inicialmente en Algeciras, si bien dicha jefatura, por necesidades del servicio, se ubicó en San Roque durante los primeros años del despliegue. Inicialmente en la ciudad algecireña sólo se estableció un puesto.

Ello fue debido a las singulares atribuciones de éste, que excedían con mucho, del ámbito de lo estrictamente militar, afectando a la esfera administrativa, fiscal, policial y política, en detrimento de las potestades del mentado jefe superior político de Cádiz, fruto de la legislación vigente entonces. Nuestra comarca nunca fue un territorio fácil y en aquella época, menos aún. Muy interesante resulta la lectura del extenso trabajo titulado Historia del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar, cuyo autor es el coronel de Artillería (r) Rafael Vidal Delgado, doctor en Historia Contemporánea, que fue publicado en 1999 por la editorial madrileña Deimos, en las Actas VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar: Milicia y sociedad en la baja Andalucía (siglos XVIII y XIX), que fueron celebradas el año anterior en Sevilla.

Respecto a la “delincuencia” que padecía entonces la provincia gaditana, y su Campo de Gibraltar, no queda más remedio que diferenciar entre la “revolucionaria” y la “común”, pues el gobierno de entonces, con anterioridad al despliegue de la Guardia Civil, realzaba la importancia de la primera mientras no tenía apenas en cuenta la segunda, lo cual se demostraría bien pronto, gracias a la acción de la Benemérita, que era un profundo y evidente error.

Evidentemente las preocupaciones oficiales del citado jefe superior político de Cádiz eran diferentes de los dos comandantes generales del Ejército que había en la provincia. No obstante hay que significar que las competencias del comandante general del Campo de Gibraltar, asentado en Algeciras, eran mayores que las de su compañero de armas establecido en la capital gaditana, al asumir varias de las que ejercía en el resto de la provincia como jefe superior político el mentado Manuel Lassala Solera.

Su frase de que la provincia de Cádiz, “sea afortunadamente una de aquellas en que apenas es conocido el crímen”, refiriéndose a la “delincuencia común”, no puede tomarse en serio, como pronto demostraría la Guardia Civil.

Tal vez Manuel Lassala, en su función de máxima autoridad política de Cádiz, estuviera tan preocupado por la “delincuencia revolucionaria”, que tanto había padecido y seguía padeciendo nuestra provincia, afectando directa y gravemente a la seguridad del Estado, que no le diera la debida importancia a la “delincuencia común”.

De hecho, cuando el 3 de junio de 1844 se había dirigido por primera vez a los alcaldes de la provincia, tras tomar posesión de su cargo como jefe superior político, les escribió asegurándoles que gobernaría con justicia, “manteniendo con extrema firmeza el orden público”, tal y como publicó la Gaceta de Madrid ocho días más tarde.

Y cinco meses más tarde, concretamente el 5 de noviembre, había difundido en el Boletín Oficial de la Provincia, publicado dos días después, y en la prensa local, reproducido cinco días más tarde por la Gaceta de Madrid, un durísimo aviso a los posibles revolucionarios, “que son enemigos de la paz y de todo Gobierno, hacen continuos esfuerzos para alterar el orden público, y rechazados por la cordura, por la sensatez y por la fidelidad de la nación, no rehusan en su despecho hasta el mismo asesinato”, previniéndoles de que “el momento en que intentasen la ejecución de sus crímenes sería el de su exterminio”, así como intentando hacerles comprender que estaba resuelto a “destruirlos con ejemplar escarmiento, si en cualquier punto intentan suminirnos en nuevos trastornos”.

No obstante, la entrada en eficacia de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, al igual que ocurriría en el resto de España, no tardaría en cuestionar aquellas palabras del jefe político, respecto a la verdadera cifra de la criminalidad común. Ésta, seguramente permanecía oculta por que no existía hasta entonces un cuerpo de seguridad, jerarquizado, disciplinado y desplegado por toda la provincia, con capacidad legal de instruir diligencias para su posterior entrega a las autoridades judiciales competentes, constituyendo ello una de las claves de su éxito. Con el despliegue y actuación de la Benemérita se terminó por tener conocimiento fidedigno y real de la delincuencia común, es decir, aquella que no era “delincuencia política”, que era la que realmente preocupaba entonces a los gobernantes.

El primer año del que se disponen de los resúmenes numéricos de los servicios policiales prestados, es decir, de estadísticas, globales y concretas, de la actuación de la Guardia Civil en materia de seguridad pública, tanto en España en general como en la provincia de Cádiz en particular, es 1846. Por supuesto que hay datos policiales de épocas anteriores de diferentes cuerpos, entidades, instituciones, corporaciones, etc., pero ninguno de ellos tuvo entidad ni despliegue de ámbito nacional ni provincial en sentido estricto, como sí sucedió con la Benemérita.

Con fecha 14 de enero de 1846 se elevó al Ministerio de la Guerra, un estado general de los servicios prestados durante el mismo por el nuevo Cuerpo en todas las provincias, lo cual fue valorado muy positivamente por Isabel II, “que ha visto con sumo gusto el buen comportamiento de la Guardia Civil, y los positivos resultados que ha producido”. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible localizar el detalle de dicho resumen.