El diario Europa sur publica este articulo, de la autoría del Coronel de la Guardia Civil Jesus N. Núñez Calvo, delegado de AEME para Andalucía y relator de una serie de articulo sobre la historia de la Guardia Civil y del Cuerpo de Carabineros  en Algeciras . 

 

 

Cuando la ignorancia se disfraza de cordura

 

 

El autor rechaza la celebración del bicentenario de la Policía Nacional y las interpretaciones legales en torno a las competencias policiales en el Puerto de Algeciras, expuestas en otra tribuna publicada en Europa Sur por Pedro Ríos, Comisario Honorífico en Algeciras del cuerpo
Discrepancias y competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras

 

El 16 de octubre del 2025, publica el diario Europa Sur, en la Tribuna de Opinión, un artículo de Pedro Ríos, comisario honorífico de la Policía Nacional en Algeciras, que titula Discrepancias y competencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras.

Comienza que con motivo del denominado “bicentenario” de la Policía Nacional —un relato institucional sin base documental ni jurídica—, la Asociación de Oficiales de la Guardia Civil presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 665/2022 de 1 de agosto, por el que se creaba la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional.

A raíz de ello, algunos articulistas como el comisario honorífico de Policía, Pedro Ríos, han pretendido usar aquel episodio como arma arrojadiza, incurriendo en afirmaciones que denotan un desconocimiento profundo del derecho administrativo, y de la historia institucional.

Según este comisario honorífico, el recurso habría “empleado los argumentos del coronel de la Guardia Civil Jesús Narciso Núñez en su faceta de historiador, sin tener en cuenta las opiniones de otros reputados autores”. Pues bien, conviene aclarar —por enésima vez— que el recurso se retiró no por falta de razón, sino por falta de objeto, ya que el Real Decreto 665/2022 únicamente crea la Comisión Nacional, sin entrar a dilucidar la veracidad o falsedad de ese supuesto bicentenario. En otras palabras, se habría perdido el pleito porque no había materia litigiosa sustantiva, no porque no faltaran argumentos.

Y, por cierto, el coronel Núñez nada tuvo que ver con aquel recurso. Ya se lo dije una vez: la ignorancia es muy atrevida.

Para que le quede claro, señor comisario honorífico y entienda la diferencia entre historia y ficción, le recomiendo leer mis libros, Bicentenario de la Policía Nacional. La gran mentira y Bicentenario de la Policía Nacional. La gran mentira. Parte 2, donde demuestro con documentación y fuentes primarias la inexistencia institucional alguna entre los cuerpos creados en el siglo XIX y la actual Policía Nacional, es decir, no hay continuidad.

Pero vayamos al fondo del asunto, el artículo publicado el día 9 de octubre, en el diario La Razón, por el periodista Borja Méndez, titulado Conflicto entre la Policía y Guardia Civil en unos de los puertos de los narcos, sobre quien debería mandar el simulacro para evaluar los procedimientos de actuación establecidos en su plan de autoprotección operativa.

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su apartado B, establece que corresponde a la Guardia Civil: “La custodia de las vías de comunicación terrestres, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran”.

Conviene detenerse en la palabra “custodia”, porque no es una mera presencia ni una vigilancia pasiva. “Custodiar” —según la Real Academia Española— significa “guardar con cuidado y vigilancia, especialmente aquello que requiere especial protección”.

En el ámbito de la seguridad del Estado, la custodia implica el más alto grado de responsabilidad y autoridad, pues supone la protección directa y permanente de instalaciones críticas, donde se entrelazan la defensa nacional, el control fronterizo y la prevención antiterrorista. Dicho de otro modo, la custodia es la forma superior de seguridad, porque no se limita a observar, sino a prevenir, neutralizar y responder ante cualquier amenaza que afecte a los intereses estratégicos del país.

Por eso la ley reserva esa función a la Guardia Civil, cuerpo de naturaleza militar, disciplinado, jerárquico y con despliegue nacional.

El comisario Pedro Ríos, pone un empeño especial en reinterpretar la ley a su conveniencia, pretende justificar que, según el artículo 11, apartado 2, la distribución territorial permitiría a la Policía Nacional ejercer esa vigilancia en las capitales de provincia y núcleo urbanos que tengan puertos, en donde la Policía Nacional tenga competencias de seguridad ciudadana.

De ser así, según su peculiar lógica, la custodia del Ministerio del Interior, Defensa o de las embajadas de Madrid capital debería corresponder a la Policía Nacional, por estar “en su territorio”.

Es evidente que desconoce la diferencia entre competencia territorial y competencia funcional. Lo primero determina dónde actúa un cuerpo; lo segundo, qué funciones puede ejercer dentro o fuera de ese territorio.

Para mayor claridad, el propio delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, tuvo que intervenir tras la disputa generada durante el simulacro de seguridad en el Puerto de Algeciras, donde surgió una pugna sobre quién debía asumir el mando. El Delegado del Gobierno representa al Gobierno de la nación, dictó un escrito en virtud de las competencias que dicta el artículo 1 de la Ley orgánica 2/1986, que establece con rotundidad que: “La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación”.

Por tanto, si el Gobierno es el responsable y el Delegado del Gobierno su máxima autoridad en Andalucía, no hay interpretaciones posibles ni “parches” administrativos, como despectivamente calificó el comisario honorífico la decisión del Delegado. Lo que hay, más bien, es un intento de desautorizar al representante legal del Estado, algo gravísimo en un funcionario que a pesar de estar jubilado se dice defender el orden.

Quien descalifica un mandato legítimo del Gobierno con el pretexto de que “es un parche” demuestra, además de ignorancia jurídica, una preocupante falta de respeto institucional. Ese tipo de comportamientos —envueltos en una falsa prudencia y una cordialidad impostada— son las que corroen desde dentro la credibilidad de las instituciones. Detrás de esa aparente moderación se esconden intereses espurios, viejos complejos y una lucha larvada por ocupar espacios que no les corresponden.

Concluye el comisario honorífico su artículo diciendo que la Guardia Civil y la Policía Nacional no están para competir, sino para servir a los españoles y caminar juntos.

La frase suena bien, pero la realidad es otra: no se puede caminar junto a quienes falsean la historia, tergiversan las leyes y se sirven de la confusión para justificar un supuesto bicentenario inexistente. La cooperación exige respeto, y el respeto comienza por reconocer la verdad, lo demás, ya lo saben. Es humo institucional… y en algunos casos, pura propaganda de Estado.

 

Jesus Nuñez Calvo.  Coronel de la Guardia Civil

 

Fuente:

https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/ignorancia-disfraza-cordura_0_2005027438.html

 

La Asociación Española de Militares Escritores (AEME) no se hace responsable de aquellos otros datos, archivos y artículos de opinión de sus colaboradores amparados por el Derecho a la Libertad de Expresión e Información, dado que dichos artículos son responsabilidad de sus respectivos titulares