Defender Ceuta sin «liarse a tiros». Comandante,r Torres Leal

Las declaraciones del presidente del Gobierno del 9 de septiembre sobre Ceuta contienen dos afirmaciones que, tras conocerse los documentos desclasificados, adquieren especial importancia: presentar como hipotética alternativa a la entrada masiva la posibilidad de «liarse a tiros» y reconocer que España debe mejorar su anticipación y preparación frente a futuros «ataques híbridos».

La primera plantea una falsa disyuntiva. La defensa eficaz de la frontera no obliga a elegir entre la pasividad y las armas de fuego. Entre ambos extremos existe todo un sistema de prevención, disuasión, contención y reacción que debe impedir que una crisis alcance el punto en que solo quede «liarse a tiros». Sun Tzu enseñó hace más de dos milenios que la mejor victoria es la que se alcanza sin combatir. Ahí reside la diferencia entre el dirigente responsable, que previene y disuade, y el complaciente y confiado, que solo reacciona cuando el conflicto ya es inevitable.

La prevención comienza por el ordenamiento jurídico, el nuestro, uno de los más permisivos de Europa. La entrada irregular no constituye delito en España, sino un ilícito administrativo cuya respuesta legal es la devolución, que rara vez se materializa. A ello se añaden regularizaciones periódicas, incluso masivas, por muchos calificadas como verdaderos efectos llamada. Cabe preguntarse si este régimen es el adecuado para contener entradas masivas organizadas o instrumentalizadas desde el exterior o es, más bien, su lógica consecuencia. El legislador puede endurecer sus efectos jurídicos, reforzar las prohibiciones de entrada, mejorar los procedimientos de retorno y expulsión, y adaptar la legislación a amenazas híbridas no migratorias.

Continúa con la protección física y operativa de la frontera: vigilancia tecnológica, obstáculos eficaces, refuerzo preventivo de unidades policiales o militares, control marítimo, medios antidisturbios y protocolos que impidan concentraciones incontenibles. Sin embargo, en mayo pasado, la UE detectó en España 19 deficiencias, más que en ningún otro país: insuficiente preparación ante entradas masivas, planes de contingencia deficientes y carencias en vigilancia, coordinación, medios y cooperación fronteriza.

Además, deben adoptarse las correspondientes medidas diplomáticas: advertencias al Estado vecino, activación de mecanismos europeos y medidas disuasorias creíbles. Tampoco aquí salimos bien parados después de la reciente declaración del Parlamento Europeo.

Solo después aparece el uso de la fuerza, sometido siempre a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Las armas son el último eslabón de una cadena de respuestas, no la primera alternativa a dejar abierta la frontera. Plantear la cuestión como «dejar pasar» o «liarse a tiros» es una simpleza que ignora los escalones intermedios que se deberían haber utilizado antes.

Los documentos ahora publicados, junto con las declaraciones del dimitido jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, aclaran el debate. Ya no puede afirmarse que nadie advirtiera de lo que podía suceder. Contienen informes del CNI, del Centro de Inteligencia de las FFAA, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. El CNI advirtió el 29 de julio de convocatorias para penetrar en Ceuta por la valla y por mar, y trasladó esa información a la Delegación del Gobierno, a la Guardia Civil e incluso a la inteligencia marroquí.

Las FFAA estaban preparadas para recibir una orden que nunca llegó. Resulta acreditada la existencia de indicios suficientes para haber reforzado la prevención y la reacción. Adoptadas a tiempo esas medidas, ni siquiera habría cabido plantearse «liarse a tiros».

La inteligencia no exige adivinar el futuro. Su función es identificar indicios, valorar riesgos y permitir que el responsable actúe antes de que la amenaza se materialice. No es necesario conocer de antemano la dimensión exacta de una crisis; de lo contrario, la prevención quedaría reducida a la gestión del desastre. Los servicios de seguridad deben evitar que lo improbable suceda; lo probable va de suyo.

Por eso resulta especialmente significativa la autocrítica presidencial. La Ley de Seguridad Nacional incluye expresamente entre sus principios la anticipación, la prevención y la coordinación.

Reconocer después de los hechos que deben mejorarse esos instrumentos equivale a reconocer su omisión pese a las advertencias acreditadas. La cuestión central ya no es si hubo alertas, que las hubo, sino qué valoración se hizo de ellas, a qué responsables llegaron, qué medidas se adoptaron y por qué no se impidió el colapso de la frontera.

Después de Ceuta 2021 debieron adoptarse las medidas necesarias para que no se repitiera en julio de 2026. Un gobierno responsable no solo debe reaccionar ante una crisis; sobre todo, debe preverla, prevenirla, disuadirla y contenerla, máxime cuando dispone de información suficiente. Si ahora se reconoce que España necesita mejores protocolos frente a ataques híbridos, queda en evidencia que lo relevante no fue la disyuntiva entre «dejar pasar» y «liarse a tiros», sino haber llegado a esa situación sin desplegar eficazmente las actuaciones intermedias previstas en el ordenamiento para garantizar una respuesta proporcional, escalonada y conforme al principio de diligencia debida.

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