ESPAÑA FRENTE A SU PEOR ENEMIGO.
Fernando Alejandre Martínez
General de Ejercito, r
De la Asociacion Española de Militares Escritores
Hace unas semanas leía un artículo del Magistrado García Castellón tratando de explicar a El País y a su colaborador Tahar Ben Jelloun que la geografía no siempre decide la soberanía como pretendía el escritor marroquí. Lo primero que se me vino a la cabeza fueron Andorra y Llívia, pero luego pensé en Gambia y Bangla Desh y me entró la melancolía al ver cómo, para determinadas personas, parece válida hasta la mentira más grosera.
Empecemos por el principio y por eso déjenme decirles que creo que el término nación no me parece ni discutido, ni, sobre todo, discutible. Creo que es un sujeto político, jurídico e histórico conformado por un grupo social que se reconoce como tal toda vez que tiene o se arroga una identidad concreta puesto que comparte una cierta conciencia de pertenencia. Es, por tanto, una comunidad humana que aspira a organizar su vida de modo colectivo y de forma soberana.
Es por eso por lo que creo que el Magistrado está en lo cierto y que la soberanía española está en un serio peligro. Un peligro que señalaba también, hace unas semanas, el periodista y escritor José Javier Esparza al afirmar que “la soberanía se defiende desde la propia nación”. Una afirmación que es absolutamente cierta por cuanto en nuestro país “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
En España, la peor de todas las amenazas que la acechan deriva, precisamente, de que muchos españoles no saben “qué quieren ser de mayores”. Es más, para un buen porcentaje de ellos, la soberanía nacional no tiene sentido y hay muy pocos de nuestros compatriotas que sean conscientes de la importancia de defender la nación frente a las amenazas, internas y externas, a las que se enfrenta. La soberanía española no encuentra la defienda puesto que su problema estriba en si el pueblo español quiere ejercer o no dicha soberanía.
Una parte del pueblo español no es consciente de la importancia de mantenerla a salvo por lo que todos corremos grave riesgo de atravesar el umbral de la desaparición del patriotismo y con ello de permitir de una forma un tanto indolente la desaparición de España como nación.
Entiendo que es a eso a lo que se refería, el académico de la Lengua Arturo Pérez Reverte, cuando decía no entender como hemos llegado a que uno de los países con más larga historia en Europa “se vea contra las cuerdas acorralado por antipatriotas”.
Tras esta introducción, imagino que al lector no le parecerá extraño que un militar español, una persona que ha jurado defender a España con su sangre, considere de “interés nacional” reflexionar sobre el estado de la nación en lo que respecta determinados conceptos básicos como los de soberanía y patriotismo.
A menudo he dicho que, a lo largo de este primer cuarto de siglo y coincidiendo con la profesionalización de los ejércitos, las Fuerzas Armadas se han visto arrastradas al desapego de la sociedad a la que sirven. Al menos parcialmente han visto como se tambaleaba el patriotismo y como iba creciendo paulatinamente la falta de voluntad de defender a España de una parte importante de los españoles.
Por cierto, ese desapego y esa falta de voluntad de autodefensa eran mucho menores cuando había Servicio Militar Obligatorio, cuando se cumplía lo que dice la Constitución en su artículo 30: “Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”. Desde la desaparición de “la mili” ya no se “jura (o promete) bandera” por lo que la mayoría de los jóvenes españoles no han de comprometerse, ni se consideran concernidos, con la defensa de su patria.
Hace ya una generación que los españoles que no se integran en las Fuerzas Armadas o en algunas instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional) y se empeñan en prestar ese juramento tienen que buscar la forma, muchas veces impostada y siempre voluntaria, de hacerlo aun a sabiendas de que su juramento es, fundamentalmente, testimonial.
Me parece obvio señalar que todo esto está abocando a la sociedad española a la desaparición de su patriotismo por lo que no cabe sorprenderse de lo que refleja un reciente informe de la OCDE que señala que solo el 6% de los españoles considera la seguridad nacional como “prioridad” de las políticas públicas del país. Eso mismo es lo que traslucían las encuestas que hasta hace unos años (se cortó el grifo cuando las respuestas dejaron de estar acordes con “el relato”) solía hacer el CIS. Unas encuestas en las que quedaba claro que la mayoría de los españoles se consideraba amenazada por cosas que solo tangencialmente tenían que ver con la soberanía nacional y el patriotismo; cosas como el coste de la vida, la corrupción, la situación económica, el paro o la inestabilidad financiera.
Hablemos pues de patriotismo y déjenme que les diga que creo que la patria es la nación vista desde la relación afectiva, histórica y moral que establece quien forma parte de la comunidad humana que vive en ella. En suma, si el término “nación” es de carácter jurídico, el término “patria” es de carácter sentimental.
Creo importante analizar la relación entre estos dos términos y el de soberanía nacional como capacidad de decidir sobre lo propio de la nación, “por sí misma y sobre sí misma”. La soberanía nacional no es refleja un sentimiento (como el de patria) ni una identidad (como el de nación), es la plasmación de una voluntad política y jurídica y por lo tanto conlleva un compromiso de autodefensa y supervivencia de la comunidad humana de la propia nación.
Nuestra Constitución, por ese motivo y en su artículo 8, dice que las Fuerzas Armadas deben defender su integridad territorial y su ordenamiento constitucional, justo después de afirmar que deben garantizar la independencia y la soberanía de España como nación.
Según las encuestas que antes mencionaba, a principios de siglo, cuando había servicio militar obligatorio, 3 de cada 4 de nuestros compatriotas se sentían muy o bastante orgullosos de ser españoles. Sin embargo esa cifra se había reducido en más de 15 puntos en 2018 por lo que no es de extrañar que, en ese mismo año, para casi un 40% de la población española no significaran nada ni la bandera, ni el himno nacional.
De hecho, para muchos encuestados no había justificación alguna que pudiera merecer la pena sacrificar la vida por la patria. El ánimo a defender a España ante un ataque militar había disminuido de forma tan drástica que el número de los que, con seguridad, estarían dispuestos a participar en esa defensa no alcanzaba, ni de lejos, el 40% de la población.
Es más, aquellos encuestados por el CIS entonces, como confirma mucho más recientemente la OCDE, no creían que pudiera haber un riesgo para la seguridad nacional derivado de la posibilidad de conflictos armados con vecinos o menos vecinos. Seis de cada diez españoles afirmaban que ese riesgo era «poco relevante» y creían que no había países extranjeros que pudieran llegar a representar una amenaza existencial para España y, menos aún, que pudiéramos llegar a tener que enfrentarnos a ellos en un conflicto armado tal que justificase la utilización de las Fuerzas Armadas.
Con esos antecedentes hemos llegado a la situación actual y la verdad es que creo que no nos debería sorprender el hecho de que, a pesar de haber visto en la televisión la guerra de Ucrania y a pesar de haber presenciado en directo una invasión del territorio nacional, menos de la mitad de los españoles considere justificable que el Gobierno pueda llegar a aprobar la utilización de medios militares para defender la soberanía e integridad de una parte inequívoca del territorio nacional, de Ceuta.
Evidentemente no ayuda a encontrar razones para justificar el empleo de la fuerza el hecho de que la persona que tiene la máxima responsabilidad de defender la soberanía española, el presidente del Gobierno, esté fundamentalmente preocupado por la salud de los invasores y la crisis migratoria que la inacción del Estado ha causado. Mucho más, desde luego, que por dar cumplimiento a la misión de defender a España que, cuando prometió hacer guardar la Constitución, asumió.
Tampoco que afirme que la utilización de las Fuerzas Armadas en esa defensa le parece “desproporcionada” y llegue a preguntar a la oposición si considera legítimo el uso de la fuerza de las armas para defender la integridad territorial de España ante una avalancha de personas que se saltan la legalidad internacional y violentan las fronteras de la nación.
Mucho menos aún que haga esa pregunta cuando sabe que hay más de ciento treinta cadáveres de asaltantes ahogados y es perfectamente consciente de que una Bandera de la Legión desplegada en el Tarajal no hubiera causado, ni la décima parte de los fallecidos que causó la invasión.
Llegados a este punto, creo que es importante analizar el porqué de, más allá de la suspensión del servicio militar obligatorio de la que ya hemos hablado, nos enfrentamos a una evidente falta de voluntad de supervivencia o autodefensa. En mi opinión todo parte de que la soberanía se enfrenta a dos “fugas”; una va hacia abajo, hacia lo regionalista o autonómico, la otra va hacia arriba, hacia lo supranacional.
La primera de las fugas de soberanía nos convierte en un caso singular como sociedad y como nación del mundo civilizado y occidental ya que España se encuentra, como pocas naciones de nuestro entorno, frente a un riesgo de implosión provocado por regionalismos de carácter autonómico, por nacionalismos excluyentes bien conocidos de todos.
Es cierto que nuestra Constitución se redactó sobre los restos de un régimen que había nacido de una guerra civil y salía de un gobierno autoritario, pero también que lo hacía en un momento de auge del terrorismo separatista de la ETA. Los “padres de la Constitución” trataron de asegurar la estabilidad de la nación volviendo a un sistema de partidos políticos y trataron de aplacar las ínfulas del independentismo periférico aceptando una descentralización que ha terminado por entregar partes importantes de la soberanía nacional a regionalismos y nacionalismos (excluyentes o no) de los que nuestra Nación tiene demasiados.
Casi seguro que, como indicaba recientemente otro periodista, en este caso Javier Benegas, “la intención era probablemente buena, pero el resultado fue que se abrió una grieta colosal …………….. en la arquitectura institucional”.
Transcurridos casi cincuenta años de la promulgación de la Carta Magna, creo poder afirmar que esa colosal grieta creada por el estado de las autonomías es indudable. Una parte importante de los que crecimos en la España del 78 (democrática y constitucional) vemos con estupor el abuso de la descentralización. Un abuso que ha tenido como resultado, aterrador y fácilmente constatable, lo ocurrido a aquellos bomberos forestales muertos en el incendio de Guadalajara, la desastrosa gestión del COVID o los casi trescientos muertos de la riadas de Valencia y Albacete, entre otros ejemplos.
En fin, un abuso que ha multiplicado los intereses espurios que provocan la división entre españoles hasta conseguir que en ciertas partes de España se viva un ambiente de hostilidad hacia conceptos como soberanía, patria o nación.
Me parece evidente señalar que las clases políticas de Cataluña, Vascongadas y Galicia y sus respectivos cuerpos sociales son responsables del desastre, pero también que el resto de España y sobre todo, los sucesivos gobiernos centrales, son tan culpables como ellas y tan culpables como los que repartieron en diecisiete “reinos de taifas” competencias fundamentales para la supervivencia y equilibrio de cualquier estado moderno como la educación y la sanidad o Instituciones tan vertebradoras de una nación como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Pasados muchos años desde el comienzo del experimento creo que es perfectamente válido afirmar que los excesos del “estado de las Autonomías” han traído desigualdad, división, caos administrativo, exceso de burocracia y, por cierto, un número exagerado de burócratas y funcionarios.
En suma, creo que nuestra Constitución necesita una reflexión y que o iniciamos inmediatamente ese proceso o cuando lo hagamos puede que ya sea muy tarde. Es preciso modernizar nuestra Carta Magna de modo que supere aquella ingenuidad inicial que, con el apoyo de determinados partidos políticos, ha defraudado su espíritu y hasta su letra.
La segunda fuga no es específicamente española pues es una fuga que se ha extendido como un virus por el mundo occidental y que, amparada en el multilateralismo, se orienta hacia la cesión de soberanía a instituciones supranacionales cuya representatividad es, cuando menos, dudosa. Esta vía de fuga va hacia arriba, hacia lo “europeo” con su tinte globalista, multicultural y “woke” con su oposición frontal a los sentimientos patrióticos de un buen número de europeos y con su duda sistemática acerca de los principios morales, éticos y hasta religiosos que han permitido la evolución de las nuestras como sociedades civilizadas.
La sociedad española, por contagio europeísta, se ha visto abocada a una integración sin objetivo definido dentro de una idea de Europa que renuncia a su propia Historia y que, en lugar de limitarse al ámbito económico y financiero para el que se creó ha saltado al marco político y reglamentista imponiendo el exceso “europeísta” frente a los que pretenden defender la soberanía de sus naciones.
Hay un buen número de nuestros compatriotas que cree más en la Unión Europea que en nuestra propia soberanía y que no ve problema en delegar en ese ente supranacional cuestiones tan importantes como las que nos han obligado a renunciar, al menos parcialmente, a ser una nación que reunía a la vez componentes de sociedad agrícola e industrializada convirtiéndonos en un país de servicios, meca del turismo y del retiro de la tercera edad europea.
En las últimas décadas hemos dejado morir, a instancias de la Unión Europea, una gran parte de nuestro sector alimentario, pero también una parte importante de nuestra industria de vanguardia. Probablemente no nos dimos cuenta de que, para una nación que estuvo en el top 10 del mundo industrializado y ahora está veinte puestos más abajo en esa misma lista, es mucho más difícil sentirse orgullosa de vivir entre estrellas Michelin y playas azules que entre empresas punteras.
Seguramente no nos dimos cuenta de que lo que produce orgullo nacional, más allá de la selección nacional de fútbol, de Rafa Nadal o de Carlos Alcaraz, es ser capaces de producir y exportar coches, ropa, camiones, trenes, aerogeneradores, barcos, electrodomésticos, juguetes o aviones “made in Spain”.
A través de las dos fugas de soberanía hemos perdido una importante dosis de orgullo nacional y, por ello, me temo que España se enfrenta a una alarmante falta de voluntad de defender su soberanía nacional. A menos que hagamos algo para evitarlo, la soberanía nacional se quedará sin cimientos pues, al desaparecer el patriotismo, a nuestra sociedad le faltará voluntad de supervivencia y autodefensa por lo que se verá obligada a enfrentarse al riesgo de su desaparición como nación.
Si aceptamos sin mayor oposición, como hemos hecho reciente y no tan recientemente, nuestra indefensión ante amenazas externas e internas, España, su soberanía, su independencia, su integridad territorial y hasta su ordenamiento constitucional estarán bajo una seria amenaza existencial.
Me temo que Esparza y García Castellón estén en lo cierto al sostener que la soberanía española está en peligro y yo me permito añadir que España deberá enfrentarse a su peor enemigo, la desaparición del patriotismo.
Por mucho que oigamos eso de: “Ceuta/España no se venden”, “Ceuta/España se defienden” menos de un 40% de nuestros compatriotas estaría dispuesto a empeñarse en su defensa. Es por eso que creo que la tarea de recuperación de la conciencia nacional que tenemos por delante es enorme.
Una tarea como otras que España afrontó a lo largo de los siglos (en el VI, en el XVI, en el XIX, etc.) y de las que ha demostrado, sobradamente, saber salir. Solo nos falta recuperar el orgullo nacional y la voluntad de prevalecer, tal vez la de ser capaces de gritar todos juntos un ¡VIVA! cuando oímos ¡VIVA ESPAÑA!