La regularización de cientos de miles de inmigrantes plantea una cuestión que se sitúa en el terreno de la moral política, objeto y preocupación de la Doctrina Social de la Iglesia. La encíclica «Fratelli tutti» (Hermanos todos) del papa Francisco es uno de los textos más utilizados para justificar políticas de apertura absoluta, resultando necesario su estudio para analizar si una medida de esta magnitud puede dejar de servir a la fraternidad para empezar a erosionarla.

El eventual apoyo de la Iglesia a dicha medida dice ampararse en la caridad y la misericordia cristianas. Sin embargo, el cristianismo nunca ha defendido que la caridad pueda ejercerse contra la justicia ni que la misericordia deba sobreponerse al ordenamiento jurídico.

«Fratelli tutti» es, sin duda, comprensiva con la inmigración, pero, leída con método, enseña algo menos divulgado: la fraternidad universal no anula el derecho ni la justicia, señalando «La justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal».

El pontífice propone una fraternidad abierta fundada en la dignidad humana universal, pero al mismo tiempo advierte del peligro de las ideologías que instrumentalizan grandes palabras vaciándolas de contenido real. La fraternidad no es anarquía jurídica. De hecho, «Fratelli tutti» reconoce la necesidad de equilibrio entre la tutela de los derechos de los ciudadanos y la acogida de los inmigrantes. Es decir, el amor cristiano exige orden jurídico y social.

El Catecismo de la Iglesia es aún más explícito: «Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración», y añade: «El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas».

Los obispos de Estados Unidos y México lo expresaron en una carta pastoral conjunta: «Los Estados soberanos tienen derecho a controlar sus fronteras». No hacerlo es una grave irresponsabilidad y una deslealtad para con su propio pueblo. Consecuentemente, el control de fronteras no constituye xenofobia: es una responsabilidad moral del gobernante.

Aunque la Iglesia ha reconocido el derecho a emigrar cuando en el país de origen no se dan condiciones de vida digna, nunca ha lo hecho defendido la política de fronteras abiertas.

Con frecuencia se omite que la Iglesia distingue entre dignidad personal y derecho jurídico. La dignidad nunca depende del estatus administrativo, pero el derecho de residencia sí.

Santo Tomás de Aquino situó la defensa de la comunidad política dentro de la moral natural: la autoridad legítima tiene el deber de proteger a la comunidad. Para León XIII, la patria no es una construcción sentimental, sino una realidad moral objetiva fundada en el orden natural y en el bien común. El Catecismo enseña que la defensa del bien común es un deber de la autoridad.

«Fratelli tutti» introduce una afirmación capital casi ignorada: también existe el derecho a no emigrar, es decir, a poder vivir dignamente en la propia tierra. Esta idea altera profundamente la lectura ideológica de la migración. Si el ideal cristiano fuera simplemente trasladar poblaciones, la Iglesia no insistiría en la necesidad de desarrollo en los países de origen.

La regularización masiva e incondicionada presenta además un problema moral añadido: la seguridad en su doble vertiente material y jurídica. Una política basada en breves permanencias y dudosas acreditaciones degrada el concepto de ley, incrementa la inseguridad pública e intensifica el efecto llamada.

El resultado no es la integración, sino la irregularidad permanente: economía sumergida, explotación laboral y guetos sociales. Precisamente aquello que la Doctrina Social pretende evitar. Juan Pablo II advertía que la solución duradera no es incentivar la inmigración irregular, sino la cooperación internacional para superar el subdesarrollo.

En todo caso, el inmigrante debe respetar el patrimonio material y espiritual del país de acogida. Este punto resulta teológicamente esencial: la acogida cristiana no implica disolver la comunidad receptora. Además, una regularización general sin coordinación europea no solo genera inseguridad interna, sino que contradice la lógica de cooperación comunitaria, convirtiéndola en insolidaria. La caridad no consiste en adoptar decisiones unilaterales con efectos perjudiciales sobre terceros.

Con todo, la tensión más grave con la doctrina social surge cuando la regularización se inserta en un discurso explícitamente ideológico. Si se presenta como instrumento para transformar deliberadamente la composición cultural o política de la sociedad, o el censo electoral, los inmigrantes dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en piezas de una estrategia de poder. Esto contradice el núcleo personalista de la visión cristiana. La dignidad humana implica que nadie puede ser utilizado como medio para fines ajenos, aunque esos fines se presenten bajo un lenguaje de progreso o justicia histórica. Por eso, el mensaje cristiano podría resumirse así: todos hermanos, sí –fratelli tutti–, pero hermanos dentro de un orden justo –sed cum ordine–.