El 9 de marzo de 2001 veía la luz el Real Decreto 247/2001, por el que se adelantaba la suspensión de la prestación del servicio militar en España, al 31 de diciembre de 2001. Acabando así con la controvertida «mili», a la vez que con un «deber y un derecho de todos los españoles» recogidos en nuestra Carta Magna, y enraizado en la más pura tradición secular de nuestra Patria.

Como consecuencia de ello, los ejércitos pasaron a ser masas de soldados «ciudadanos», lo que permitía encuadrar a centenares de miles, en contraposición a los constituidos por ejércitos profesionales muy reducidos, característicos del siglo XVIII. En ese momento, se produjo una evolución desde los Ejércitos profesionalizados de la Edad Moderna al modelo de los Ejércitos patrióticos de recluta obligatoria.

La Restauración había reestablecido en 1896 la implantación del servicio militar, cuya generalidad quedaba empañada por la existencia de vías alternativas que permitían eludir esta prestación y sustituirla por un pago en metálico.

En 1912 el Gobierno Canalejas promulgó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo, que estableció el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes españoles, y eliminó las opciones de redención y sustitución que hasta entonces habían permitido a las clases altas evitar el servicio militar. No obstante, para satisfacer a las élites acomodadas, la nueva ley introducía un mecanismo que permitía reducir la duración del servicio militar mediante el pago de una cantidad de dinero. Así nació la figura del «soldado de cuota», cuya estancia en filas se reducía a cambio de una compensación económica.

La impopularidad del servicio militar creció con la llegada de la Transición. Su carácter obligatorio para todos los españoles y la deslocalización geográfica a la que obligaba a los reclutas, junto con la sensación de pérdida de tiempo sentida por muchos de los nuevos soldados, hizo crecer su impopularidad.

En contraposición, el servicio militar, servía claramente de nivelador social, permitía superar la falta de alfabetización de las clases sociales más desfavorecidas en los años de la posguerra, dotaba de los conocimientos necesarios para desempeñar determinadas profesiones a través de la FPE (Formación Profesional en el Ejército), e incluso fomentaba la cohesión nacional.

Los movimientos de objeción de conciencia y pacifistas terminaron por darle la puntilla y, finalmente, la disposición adicional decimotercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, recogió lo que ya venía siendo un clamor y puso fin a lo que se había convertido en una especie de subasta a la baja de los partidos políticos ofreciendo una «mili a la carta», con diferentes propuestas a cuál de ellas más disparatadas y menos acordes con las necesidades de la Defensa Nacional, resolviendo que la prestación del servicio militar quedase suspendida a partir del 31 de diciembre de 2002. Fecha que, mediante el Real Decreto 247/2001, se adelantó al 31 de diciembre de 2001.

La precipitación de la decisión obligó a la sustitución de un Ejército de reemplazo por un intento de Ejército profesional, recurriendo aceleradamente a un mercado laboral, que no tuvo demasiado éxito, teniendo como consecuencia inmediata el vaciamiento y la pérdida de capacidad operativa de las unidades, debiendo aceptar como nuevos soldados en muchos casos no precisamente a los más capacitados. Las Fuerzas Armadas se vieron abocadas a reinventarse como Ejércitos profesionales de la noche a la mañana, como si eso fuera posible.

La mayoría de los cuadros de mando de aquella época, preferíamos un Ejército profesional y voluntario, pero para llegar a ese modelo habría hecho falta un sopesado y racional proceso de transformación que era incompatible con las urgencias políticas del momento. Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un cambio tan precipitado y el 1 de enero de 2002 España no contaba, ni mucho menos, con un Ejército profesional de la noche a la mañana.

Eliminar el servicio militar pareció ser una decisión correcta, pero precipitada. No gozaba del necesario respaldo social, su tiempo de prestación era escaso y apenas permitía instruir someramente a los nuevos soldados cuando debían abandonar las unidades al haber finalizado su compromiso; y además, la percepción entre la sociedad era que se trataba más de un mero trámite obligatorio que de un verdadero compromiso con la defensa nacional.

Sin duda, el contexto geopolítico de aquellos momentos impulsaba aún más a tomar esa decisión, con la implosión de la URSS y el final de la Guerra Fría. El contexto geopolítico en el que nos movemos hoy en día, con una amenaza más que patente de Rusia en el Este de Europa, más la recién surgida tras la Guerra de Irán, ha hecho despertar del «confort estratégico» del que gozaba Europa, ante la realidad de que la guerra no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad con visos más que patentes de hacerse realidad, lo que ha llevado a varios países, entre ellos Francia y Alemania a restablecer un servicio militar voluntario para completar las capacidades de sus ejércitos, uniéndose así a otros 15 países de la UE que a día de hoy mantienen algún tipo de servicio militar o lo han restablecido recientemente.

En una sociedad como la española, con tan escasa Conciencia de Defensa, esta posibilidad no se contempla, ni en la versión obligatoria ni en la voluntaria.

Por parte gubernamental, la postura se decanta por desmarcarse de las realidades geopolíticas de otros países europeos, tan distintas a las nuestras, que sienten la amenaza rusa e iraní como más cercana y real.

En el ambiente sociopolítico no parece que ésta sea una de las preferencias.

Tampoco ayuda la visión económica en la que muchos analistas coinciden en que retomar «la mili» supondría una medida muy costosa y exigiría detraer una importante cantidad de medios humanos del ya de por si ajustado tamaño de nuestras Fuerzas Armadas.

A todo ello se une el parecer del estamento castrense que obviamente demanda soldados profesionales con suficientes conocimientos y aptitudes para manejar los sofisticados sistemas de armas actuales.

Sin duda, a pesar de la manifiesta «objeción nacional» a la reinstauración del servicio militar, que no olvidemos, responde a la figura jurídica de la suspensión de la que se cumplen ahora veinticinco años, se encuentra una cada vez mayor masa social que propugna la necesidad de defender a España, tal y como señala el artículo treinta de la Constitución en el que se establece tanto el derecho a la objeción de conciencia como el de la defensa de nuestra Patria.

El debate está servido.

Antonio Ruiz Benítez | General de División (R) del Ejército de Tierra