LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VIII y IX): La estadística criminal del partido judicial de Algeciras y El contrabando y el inicio de la Guardia Civil en Algeciras

Si bien todavía no se han localizado los datos de delincuencia combatida por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en 1845, sí se conocen los correspondientes a los años siguientes.

A este respecto, y antes de detallar la estadística de la lucha contra la delincuencia provincial gaditana generada por la Benemérita, hay que reseñar los datos numéricos que se contabilizaban y difundían entonces sobre nuestra provincia. Concretamente en el tomo V del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. La autoría de dicha obra corresponde a Pascual Madoz y fue editada en 1846 en Madrid.

Esta última afirmación, que podía inducir a error, quedaba aclarada en el párrafo siguiente al especificarse, respecto a la provincia gaditana, que, “la parte de la Península cuenta dos comandancias generales del Ejército, una en Algeciras, para el Campo de Gibraltar, a la que solo corresponden Algeciras, Tarifa, San Roque, Jimena, Los Barrios y Castellar, y otra en Cádiz para el resto de la provincia”. Hay que recordar que por aquel entonces, La Línea de la Concepción y San Martín del Tesorillo no existían, perteneciendo sus demarcaciones a San Roque y Jimena de la Frontera, respectivamente.

Según la “Estadística criminal, núm. 1”, dedicada al personal juzgado y que constaba en el citado tomo V, correspondían al partido judicial de Algeciras, que comprendía entonces los términos municipales de Algeciras y Tarifa, un total de 59 acusados. De ellos 3 resultaron absueltos y 56 penados (45 presentes y 11 contumaces). De éstos, 29 eran reincidentes y de ellos 16 por el mismo delito mientras que 13 lo eran por otra infracción penal. Respecto a su sexo, 57 eran varones y solo dos eran «hembras», siendo 29 solteros y 30 casados. De ellos, 25 sabían leer y escribir, pero 32 lo desconocían, habiendo otros 2 de los que no constaba dicha información. Relativo a su profesión u oficio, se hacía constar que los 59 acusados se dedicaban a “artes mecánicas” y ninguno procedía de “ciencias y artes liberales”.

Dicha cuantía difería de los 63 acusados en el partido judicial de San Roque (San Roque, Los Barrios, Castellar y Jimena), donde dos de ellos habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 59 condenados (41 presentes y 18 contumaces), si bien solo dos eran reincidentes. De estos, uno por el mismo delito. Respecto a su sexo, 59 eran varones y solo 4 eran hembras, estando 34 en estado de soltería, 18 casados y de 11 no había constancia. De ellos, 11 sabían leer y escribir, pero 34 lo desconocían, habiendo 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de los 63 acusados, 38 se dedicaban a “artes mecánicas”, 6 procedían de “ciencias y artes liberales”, y de 19 de ellos se desconocía dicha información.

Finalmente, del “resto” del Campo de Gibraltar (posiblemente se refería en este caso a Ceuta que tenía juzgado propio aunque administrativamente estaba entonces encuadrado en nuestra comarca), había 34 acusados, de los que tres habían sido absueltos durante la instrucción y otros dos por sentencia, siendo 29 condenados (ocho presentes y 21 contumaces), de los que nueve eran reincidentes, de ellos tres por el mismo delito y dos por otros diferentes. Respecto a su sexo, los 34 acusados eran varones, estando solo dos en estado de soltería, 10 casados y de 22 no había constancia. De ellos, solo siete sabían leer y escribir, nueve lo desconocían, existiendo otros 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de esos 34 acusados, 20 se dedicaban a “artes mecánicas”, ninguno a “ciencias y artes liberales”, y de 14 de ellos se desconocía dicha información.

Se hacía constar también en la referida obra de Pascual Madoz, que se estimaba entonces la población de la provincia de Cádiz en 342.694 “almas”, siendo 851 el número total de acusados judicialmente. Respecto al número de “delitos de homicidio y de heridas”, se cifró la cantidad de 287, una proporción estadística que resultaba sorprendentemente inferior a casi el resto de las provincias españolas en relación a la cuantía de su población.

El partido judicial donde se había perpetrado el mayor número de “crímenes de sangre” de toda la provincia gaditana, en relación al número de habitantes, fue el de San Roque, que contaba entonces con 18.121 “almas”, donde por cierto se dio el único caso de la provincia en el que se empleó el veneno para la perpetración del crimen. La estadística arrojaba la cifra de un delito “de sangre” por cada 442 personas censadas en el partido judicial, mientras que el segundo en encabezar dicha tasa de criminalidad en la provincia era Sanlúcar de Barrameda, que daba la cifra de un “crimen de sangre” por cada 616 personas de dicho partido judicial. Curiosamente, en esta tipología delictiva, la ciudad de Cádiz presentaba una de las cifras más reducidas, “con notable diferencia”, de un delito de este tipo por cada 5.380 habitantes, “proporción que coloca a esta hermosa ciudad entre las más morigeradas de España, a pesar de los contratiempos que su riqueza ha experimentado”.

Por otra parte, y con la precaución de la obtención real de los datos estadísticos entonces publicados, significar que el número de “almas” del partido judicial de Algeciras se cifraba entonces en 32.595. Debía padecer una cifra baja de “crímenes de sangre”, ya que no se especificaba la cuantía concreta en el cómputo provincial, por lo que se supone que no debía ser especialmente significativa.

La imparcial y rigurosa actuación de la Guardia Civil en la provincia gaditana en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, con el municipio de Algeciras a su cabeza, donde terminaría asentándose desde San Roque el mando de la Benemérita, arrojaría unas cifras sobre la delincuencia más reales que las conocidas hasta entonces.

Ya anteriormente se ha relatado que, a pesar de la felicitación de la joven reina Isabel II, no se ha localizado todavía el resumen de servicios prestados en cada provincia durante el año 1845 por el recién creado Instituto de la Guardia Civil.

Ello puede ser debido a que creado por real decreto de 28 de marzo de 1844, pero organizado y puesto en marcha por el real decreto de 13 de mayo siguiente, cada uno aprobado por un gobierno diferente, había todavía muy pocas provincias, antes de finalizar dicho año, donde la Benemérita estaba desplegada y funcionando. Por dicha razón es posible que no se pudiera hacer una estadística a nivel nacional con el detalle de cada provincia.

El mando de dicha sección le fue conferido al ya mentado alférez Juan Morillas Casas. Inicialmente, estaba previsto que se estableciera en Algeciras, que era donde estaba asentada la máxima autoridad del Campo de Gibraltar, el comandante general del Ejército, mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, cuyo objetivo principal era recuperar el Peñón. Este, ilegítimamente, y con engaño, había sido arrebatado por el Reino Unido a España abusando de su apoyo a uno de los bandos contendientes por la corona española.

A tal efecto, dado el peso y consecuencias que sigue teniendo en nuestro Campo de Gibraltar, transcurridos ya más de tres siglos, resulta interesante recordar y reproducir el siguiente texto, no exento de complejidad, difundido por nuestro Archivo Histórico Nacional: “La Guerra de Sucesión española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró de 1703 a 1713, si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715. Supuso la instauración de los Borbones en España. Carlos II había testado a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. Todos los soberanos de Europa reconocieron a Felipe de Anjou como rey de España, excepto el emperador Leopoldo de Austria. En ese momento, Francia tomó posiciones para defender las plazas fuertes de los Países Bajos españoles, con el consentimiento de su nieto. Esta ayuda fue tomada como una provocación por parte de Holanda y de Inglaterra, que se posicionaron al lado del Emperador. La guerra se inició en la frontera de Francia con estos países y posteriormente en la propia España, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España, a la que se sumó una guerra civil entre los partidarios del Archiduque Carlos, defendido por Aragón, y los partidarios de Felipe de Anjou, defendido por Castilla. Si bien, en ambos territorios hubo defensores y detractores de ambos pretendientes. El final de dicha contienda supuso la entronización de Felipe V en España y el comienzo del reinado de una nueva dinastía, la de los Borbones”.

Regresando a 1845 y al periodo de inicio de la implantación y despliegue de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, el alférez Morillas tuvo que fijar, por decisión superior, el mando de la mentada 4ª Sección en San Roque al ser más acorde a las necesidades iniciales del servicio encomendado, y no en Algeciras como inicialmente estaba previsto. Mientras tanto, si bien apenas un año después sería destinado a Sevilla, el jefe de la 3ª Compañía desplegada en la provincia gaditana era el primer capitán José María de Cisneros Lanuza. Este, curiosamente, procedía originariamente de Artillería, y no de Infantería o Caballería, como era la procedencia de la mayoría de los primeros jefes provinciales de la Benemérita.

El caso es que si bien se conocen servicios puntuales de la Benemérita, acaecidos en la provincia gaditana durante 1845, incluidos en el Campo de Gibraltar, y que incluso fueron publicados en la prensa de la época, no se ha localizado todavía el resumen anual de los datos totales de delincuencia combatida por la Guardia Civil durante ese periodo. En cambio, sí se conocen los datos completos correspondientes a partir del año siguiente, siendo bastante relevantes y significativos. No en vano se trataba del primer cuerpo de seguridad pública del Estado que realmente fue desplegado por todo el territorio nacional y que incluso terminaría haciéndolo pocos años después en las islas, entonces españolas, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Consecuente con ello, y dado ya el importante despliegue de la Guardia Civil en buena parte del territorio nacional, sí se publicaron los datos relativos a los servicios practicados durante el año 1846. Así hay constancia de que la Benemérita practicó 803 servicios en la provincia de Cádiz. Dicha cifra la situó en el cuarto puesto a nivel nacional, por detrás de Murcia (1.185), Sevilla (929) y Zaragoza (865). De esos 803 servicios, 214 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 543 por la comisión de faltas leves, 32 por desertar del Ejército, 12 por prófugos del servicio militar obligatorio y 19 por contrabando.

Esta última cifra, muy reducida, sobre detenciones de contrabandistas en una provincia que por culpa de la engañosa ocupación inglesa de la plaza española de Gibraltar, padecía muchísimo esa lacra, se debía a que entonces existía el Cuerpo de Carabineros, que tenía encomendada prioritariamente su persecución. Tal y como decía el duque de Ahumada en su Circular de 23 de abril de 1845, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que este deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).