La absorción del cuerpo de Carabineros (XLVI y XLVII)

Durante el año 1935 se producirían importantes cambios para el Cuerpo de Carabineros que no sólo repercutirían a su comandancia en el Campo de Gibraltar sino también a sus unidades desplegadas en el término municipal de San Roque, tal y como se expondrá en el próximo capítulo. No hay que olvidar que dicho municipio y el de La Línea de la Concepción fueron los dos que más fuerza de Carabineros tuvieron siempre en nuestra Comarca.

El año comenzó con el general de división Miguel Cabanellas Ferrer como inspector general de Carabineros, pero por decreto de 15 de febrero sería cesado. Con esa misma fecha fue sustituido por el de igual empleo, Gonzalo Queipo de Llano Sierra. El primero, a propuesta del ministro de la Gobernación, Eloy Vaquero Cantillo, fue nombrado inspector general de la Guardia Civil, cargo que ya había ocupado hasta su fulminante cese tras el fracaso de la “Sanjurjada”, mientras que el segundo procedía de Madrid, donde se encontraba en la situación de disponible.

El nuevo jefe de la Comandancia de Algeciras, que había sido nombrado justo al inicio de 1935, era el teniente coronel Antonio Pastor Palacios. Procedía por ascenso de la 2ª Circunscripción de Madrid, donde había estado destinado como secretario del general de brigada Julio Bragulat Pascual. Su efímero predecesor había sido el teniente coronel José Casanova Tornero, procedente de disponible forzoso y afecto a la Comandancia de Baleares. Tras ser destinado el 1º de noviembre con carácter forzoso a la Comandancia de Algeciras, solicitó inmediatamente su pase voluntario a la situación de retiro para Palma de Mallorca, siéndole concedido y causando baja en el Cuerpo a fin de mes.

El titular anterior, teniente coronel Enrique Crespo Salinas, mencionado en el último capítulo, había ascendido a coronel en octubre, siendo destinado a mandar la 5ª Zona de Málaga, que comprendía las Comandancias de Málaga y la vecina de Estepona con sus tres compañías de la residencia, Marbella y Ronda.

Por otra parte, al inicio también de 1935, el jefe de la 6ª Zona, cuya demarcación comprendía toda la provincia gaditana, con sus Comandancias de Cádiz y Algeciras, era el coronel Joaquín Rodríguez Mantecón, que tenía fijada su residencia en la capital. Pero tampoco permaneció mucho tiempo a su frente ya que a finales del mes de mayo fue destinado a mandar la 8ª Zona con sede en Oviedo. Fue sustituido en Cádiz por el de igual empleo, Waldo Ferreira Peguero, procedente de la jefatura de la 13ª Zona, con residencia en la localidad gerundense de Figueras. Éste, sin perjuicio del mando de la provincia gaditana, continuaría adscrito a la “Comisaría General para la Represión del Contrabando y la Defraudación”, cargo para el que había sido también designado en marzo de 1935, y en las condiciones dispuestas en el decreto de 27 de mayo de 1934, por el que se creó dicho organismo.

El comienzo de la exposición de motivos de dicho decreto no podía ser más explícito: “El creciente volumen que el contrabando y la defraudación vienen de modo sucesivo alcanzando ha llegado a un punto tal en la curva de su desarrollo, que fuerza al Gobierno a adoptar medidas de adecuada defensa para contener el impulso de su avance y, en definitiva, para dominarle, a fin de conjurar el considerable quebranto que en el interés de la Hacienda pública viene produciendo, cada vez más acentuadamente, esta forma especial de delincuencia”.

Tal y como se expuso en su momento, la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, tuvieron sus “Delegaciones Regias para la persecución y represión del contrabando”, creadas por real decreto de 20 de diciembre de 1921 y reorganizadas por real decreto de 13 de noviembre de 1923. La República no fue menos y plenamente consciente del grave problema que era el contrabando y el fraude, se volvieron a dictar normas extraordinarias al respecto y se creó un nuevo organismo específico para combatirlo con mayor eficacia.

Concretamente, se dispuso la creación de dicha Comisaría general en el seno del Ministerio de Hacienda. Por delegación del ministro, el citado Marraco, tenía como funciones esenciales las de “unificar, organizar y disponer los servicios necesarios o convenientes para la prevención, vigilancia y persecución del contrabando y la defraudación que puedan intentarse o cometerse en relación con las rentas de Aduanas, alcoholes, azúcares, achicorias, cafés, tés y cervezas, así como con los artículos estancados o monopolizados por la Administración, con los de ilícito comercio, y con aquellos cuya importación o exportación se hallaren prohibidas por las disposiciones vigentes, aún cuando la prohibición fuera temporal o condicionada”.

A tal efecto, dicho organismo pasó a centralizar todos los servicios de policía fiscal relativos a las mentadas formas de fraude que no estuvieran especialmente atribuidos a los Cuerpos u organismos represores, y de éstos, los que se estimasen necesarios a los fines de su peculiar función. También quedaba facultado de modo expreso para disponer en todo el territorio nacional “y plazas de soberanía”, cuantos servicios considerase necesarios, así como ordenar su práctica, bien por los individuos que lo formen o por los Resguardos oficiales y de las entidades subrogadas en los derechos de la Hacienda pública. Igualmente, podían solicitar el apoyo de todas las autoridades, funcionarios y fuerzas que no dependieran del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por la vigente ley de Contrabando y Defraudación.

La citada Comisión general quedó constituida por un comisario general, un comisario jefe, siete comisarios y un número de agentes de inspección que en ningún paso podía exceder de quince. El comisario general podía recaer en cualquier persona que estimase adecuada el ministro pero el comisario jefe, aún siendo también de su libre elección, debía tratarse de un abogado del estado. El resto de nombramientos de comisarios y agentes era igualmente potestad del ministro, pero debían ser funcionarios pertenecientes a “los Cuerpos general de Hacienda y especiales de Aduanas, Carabineros, Vigilancia, Pericial de Contabilidad, Profesores Mercantiles y a los Resguardos de las Compañías subrogadas”. Se significa que en su servicio especial los miembros de dicha Comisaría general estaban autorizados a utilizar las embarcaciones de “los resguardos de Carabineros y de las Compañías Arrendatarias de Tabacos y Petróleos”.

Sin embargo, dicha iniciativa para fortalecer la persecución de contrabando y el fraude, donde el procedente de la colonia británica de Gibraltar era el mayor exponente, no perduró mucho. Por decreto de 5 de julio de 1935, al no contener crédito alguno la nueva ley de Presupuestos para el sostenimiento de dicha Comisaría general se procedió a su supresión.

La Comandancia de Carabineros de Algeciras inició el año 1935 compuesta por un total de 60 puestos desplegados por todo el Campo de Gibraltar e integrada por cinco compañías de infantería (1ª de Atunara, 2ª de La Línea de la Concepción, 3ª de Puente Mayorga, 4ª de Algeciras y 5ª de Tarifa) así como una sección de caballería con residencia de su jefe en San Roque.

El teniente coronel Antonio Pastor Palacios apenas estuvo siete meses al frente de la Comandancia de Carabineros de Algeciras ya que en agosto de 1935 fue destinado a mandar la Comandancia de Badajoz. Fue sustituido por el de igual empleo, José Marqués Mesías, procedente por ascenso de la Comandancia de Málaga.

Ejemplo también de aquello fue el año anterior. Al comienzo de 1934 se encontraba al mando de la Comandancia de Algeciras el teniente coronel Enrique Crespo Salinas, también citado en un artículo anterior. Mientras tanto, al frente de la Comandancia de Cádiz se hallaba el de igual empleo, Andrés Castro Alonso.

Éste había sido destinado a mandar dicha unidad por una orden del Ministerio de Hacienda de 21 de julio de 1933, procedente del mando de la Comandancia de Cáceres. Casi seis meses después, el 13 de enero de 1934, pasó a la situación de reserva, por haber cumplido 60 años que era entonces la edad reglamentaria. Como curiosidad decir que percibió, a partir del 1º de febrero siguiente, un sueldo mensual de 825 pesetas, más la pensión de 50 pesetas correspondiente a la cruz de la Orden de San Hermenegildo. Le fueron abonadas por la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas al fijar su residencia en la población madrileña de Carabanchel Bajo. Fuera de la capital del reino eran las delegaciones provinciales de Hacienda las encargadas de ello.

En esa misma orden ministerial había sido destinado también el hasta entonces jefe de la Comandancia de Algeciras, teniente coronel Ángel Verdes Rodríguez, para el mando de la Comandancia de Barcelona. Le sustituyó el de mismo empleo, Ignacio Orduña del Campo, que a su vez había estado mandando la Comandancia de Cádiz hasta dicha fecha.

Curiosa y sorprendentemente, el teniente coronel Orduña fue destinado al mando de la Comandancia de Algeciras cuando le quedaban tan solo nueve días para pasar a la situación de reserva por cumplir la edad reglamentaria. En su caso, el sueldo a percibir a partir del 1º de agosto fue algo mayor que el del teniente coronel Castro, al haber prestado servicio durante más tiempo, alcanzando la cuantía de 916’66 pesetas mensuales, más la pensión de la cruz citada. La orden ministerial que determinó su pase a la reserva fue dictada al día siguiente de la de su destino a Algeciras y publicada en la misma Gaceta de Madrid. No llegó a incorporarse al Campo de Gibraltar y fijó su residencia en la capital gaditana.

Otra curiosidad, nada habitual además en esa época, fue que tan solo cuatro semanas después de cesar en el servicio activo, le fueron concedidos dos meses de licencia para visitar las ciudades italianas de Nápoles, Roma y Venecia así como las capitales de Austria (Viena) y de Francia (París). En julio de 1935, tras cumplir 62 años de edad, pasaría a la situación de retiro, volviendo a fijar la misma residencia.

A fin de enero de 1934 sería destinado al frente de la Comandancia de Cádiz el teniente coronel Leoncio Jaso Paz, procedente del mando de la Comandancia gerundense de Ripoll. Sería un caso realmente excepcional ya que permanecería desde entonces en aquella hasta su detención al inicio de la Guerra Civil, siendo fusilado por los sublevados el 6 de agosto de 1936 en la capital gaditana.

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el año 1935 fue de abundante producción normativa para el Cuerpo de Carabineros y tuvo también su influencia en el Campo de Gibraltar y en especial en San Roque.

La primera orden ministerial de trascendencia se dictó el 15 de febrero, disponiendo que el Instituto de Carabineros, en el desempeño de sus peculiares servicios como resguardo de la Hacienda Pública, dependiese inmediatamente, por delegación del ministro de Hacienda, de la Comisaría General para la Represión del Contrabando y la Defraudación. Sin embargo, poco duró tal iniciativa ya que como se mencionó en el artículo anterior, creada por decreto de 27 de mayo de 1934 fue suprimida por falta de dotación presupuestaria por decreto de 5 de julio de 1935. En esa fecha el representante de Carabineros en dicha Comisaría general era el teniente coronel Waldo Ferreira Peguero, jefe de la Comandancia de Algeciras.

La siguiente orden ministerial de interés fue dictada tan solo una semana después de la anteriormente citada, el 22 de febrero. En ella se dispuso que las dos Circunscripciones en las que se agrupaban las 15 zonas y 33 comandancias de Carabineros, trasladasen desde Madrid su capitalidad y residencia de sus jefaturas a las ciudades de Córdoba y Valladolid. La principal razón de ello era que estuvieran más próximas a las unidades que tenían que inspeccionar. Las Comandancias de Cádiz y Algeciras, con la 6ª Zona de Cádiz, dependían de la 1ª Circunscripción que mandaba el general de brigada Eliso García del Moral Sánchez. Licenciado en Filosofía y Letras, merecen citarse sus destinos como comandante en la Comandancia de Estepona (1914-1915) y como teniente coronel en la Comandancia de Cádiz como jefe de la misma (1918-1922).

De gran importancia fue el decreto de 16 de septiembre de 1935, relativo a las autoridades, cuerpos y organismos que estaban obligados a cooperar en la defensa del orden y seguridad públicos. Eran tiempos complejos, complicados y de conspiraciones. Diez meses después España comenzaría a desangrarse en una fratricida guerra civil tras el fracaso inicial de una sublevación militar.

La ley de Orden Público de 28 de julio de 1933 imponía a todas las fuerzas y agentes de la autoridad, la obligación de velar por la conservación del orden. Por lo tanto, y conforme se hacía constar en el decreto citado, “los individuos del Cuerpo de Carabineros, aparte la obligación de denunciar los delitos y detener a los delincuentes, tienen la de cooperar al mantenimiento del orden”.

También se disponía que los jefes de las comandancias recibirían instrucciones referentes al orden público por conducto de los gobernadores civiles. Las informaciones que adquiriese el personal de Carabineros, en relación con el orden público, debían ponerlas en conocimiento de los jefes de las fuerzas de la Guardia Civil más próximas, quienes, sin perjuicio de adoptar las medidas procedentes, las transmitirían al gobernador civil de la provincia.