El pasado 11 de junio, el presidente del Gobierno ha firmado la nueva Directiva de Defensa Nacional 2020 (DDN2020) que establece las líneas de actuación y objetivos del Ministerio de Defensa para esta legislatura al mismo tiempo que constituye el inicio del nuevo ciclo de planeamiento de defensa.
AEME quiere contribuir a la difusión de la DDN2020 con el III CICLO de este año – con un total de 10 artículos -, en el cual una serie de expertos analizan el contenido de la misma desde diferentes puntos de vista al objeto de dar a conocer con mayor profundidad las distintas dimensiones de la Defensa, siempre teniendo como marco de referencia el cumplimiento de los intereses de seguridad nacional, señalados en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.
El siguiente es el numero 7 de la serie con el titulo
LA DDN 2020 Y LA INDUSTRIA DE DEFENSA
Como es bien sabido la seguridad nacional es un concepto poliédrico que recoge diversos factores –seguridad humana, de infraestructuras, energética, etc.-, y en la que convergen desde los aspectos de seguridad clásicos, hasta otros más recientes como la ciberseguridad. Dentro de la seguridad nacional se encuentran igualmente una diversidad de instituciones y agentes que aportan, también desde ámbitos muy distintos, su valor añadido al concepto y a la realidad diaria. Muy particularmente las Fuerzas Armadas (FAS), desempeñan un papel primordial en otorgar garantías de seguridad y no sólo de defensa, como se planteaba hace algunos años.
En este sentido, la Directiva de Defensa Nacional (DDN) publicada este año 2020 es una de las piezas sobre las que se basa la seguridad nacional. En ella se contienen los principios rectores sobre los que se asienta la defensa nacional, la situación estratégica que se considera que afecta más directa e intensamente los intereses nacionales y las directrices de políticas básicas y de actuación que se suponen adecuadas para responder a los retos a los que nos enfrentamos.
Obviamente, la DDN habría de priorizar sobre los diferentes temas que trata, algo que se echa de menos, pero que es previsible que se resuelva a medida que se vaya desarrollando y, por supuesto, financiando, ya que no es gratis. Esto es particularmente relevante cuando se tratan temas como la tecnología, la cooperación industrial en el seno de la UE, o la propia industria de defensa española. Tal y como expresa la Directiva, el mundo se encuentra dominado por la tecnología por lo que resulta fundamental poseer la capacidad de generación y absorción de la misma. Esta situación requiere de la participación de las empresas, ya que son éstas las generadoras de la tecnología, y las que pueden aportarla a las FAS, que a su vez habrán de poseer la capacidad de absorción necesaria, a través de la formación de sus miembros.
Yendo un poco más lejos, la Directiva expresa que España ha de mantenerse en el grupo de cabeza de los Estados Miembros a fin de modernizar las capacidades militares y fortalecer la base industrial y tecnológica europea. Esta afirmación implica varias cuestiones importantes. En primer lugar, la intensificación de las actividades de colaboración de las empresas españolas en el ámbito europeo junto con otras firmas, para el desarrollo de nuevas tecnologías o sistemas. Esta situación que, efectivamente tiende a reforzar la base tecnológica e industrial de defensa 
europea, puede posicionar a empresas españolas en el mapa, particularmente a las PYME. En segundo término, la modernización de las capacidades implica contar con los recursos financieros necesarios, algo que no parece ser que se vaya a conseguir, al menos en el medio plazo. En tercer lugar, hay que considerar que, en lo que a la industria española de defensa respecta, se hace más necesario que nunca tener clara la orientación y prioridades que puedan desarrollar estas líneas de la DDN.
En este punto se encuentra uno de los talones de Aquiles que hay que subrayar, ya que la colaboración, siendo positiva en términos generales, puede resultar en importantes problemas tanto a medio como a largo plazos. Así, habría que distinguir entre la colaboración en proyectos como los que se plantean a través del Fondo Europeo de Defensa, ya clásicos en el mundo académico y empresarial, que puedan conducir a la generación de nuevas tecnologías o al desarrollo de las existentes. La otra vía de cooperación tiene que ver con la producción de sistemas a escala internacional –objetivo básico de la UE-. En este caso, la experiencia dice que ha habido numerosos problemas que han generado importantes sobrecostes y retrasos en la puesta en funcionamiento de sistemas de gran envergadura para varios países europeos. En este caso, los costes de transacción han sido de tal envergadura que cualquier parecido con los planes iniciales son pura coincidencia.
Una de las directrices que se plantea en la DDN subraya la importancia y necesidad de fortalecer tanto la industria española de defensa, como la base industrial y tecnológica europea. Ambos aspectos, a priori, tienen sentido. Sin embargo, es necesario poner el foco en el largo plazo. La industria española de defensa se encuentra entre las primeras de la UE en cuanto a sus capacidades según las estadísticas al uso y es competitiva, ya que exporta alrededor del 80% de su producción –obviamente debido en buena parte a la falta de presupuesto nacional, ya que éste restringe sustancialmente la capacidad de ventas en el mercado español-. No obstante, en términos comparativos con relación a las industrias francesa, alemana o italiana –las tres que se encuentran por delante de la española-, la industria nacional muestra ciertas debilidades que se pueden ampliar en el largo plazo y que no parecen tener ninguna expresión en la DDN, en la cual todo son parabienes basados en la cooperación industrial europea.
Una de esas debilidades es el papel que puede jugar la industria española ante los grandes conglomerados de los otros países mencionados. El tamaño importa. La industria española se encuentra más fragmentada, con menor músculo financiero, y sin un campeón nacional. Este último factor es resultado de la situación financiera de las empresas y del peso del capital extranjero en la industria, que si bien no parece muy elevado a priori –supone el 15%-, si se muestra relevante al implicar el 70% de las compras que realiza el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, en el largo plazo se puede llegar a dar la paradoja de que una colaboración decidida conduzca a exacerbar las debilidades industriales españolas, algo que suele ocurrir cuando la distancia con los líderes es amplia, como ocurre en este caso.
Quizá uno de los aspectos que se echa falta en la DDN relativo a la industria de defensa, sea la absoluta necesidad de desarrollar una política tecnológica e industrial de defensa basada en una estrategia de largo plazo que priorice claramente las tecnologías necesarias vinculadas a los posibles escenarios estratégicos, que busque formas de estructurar la industria para orientarla a los retos del futuro, posicionarla frente a los competidores, reforzar las capacidades existentes y cuáles serán las necesarias en el futuro. En definitiva, se requiere un esfuerzo de análisis y prospectiva elevados pero antes es necesario tener claros los objetivos.
A modo de conclusión, si bien la DDN plantea los ejes principales de la política de defensa en sus diferentes esferas, deja cierto vacío en lo relativo a innovar, dar un paso algo más valiente hacia el futuro. Obviamente este tipo de pasos conlleva igualmente riesgos, pero si no se asumen es complicado que se puedan dar pasos hacia adelante. En este caso, la valentía no se puede presuponer.
Antonio Fonfría
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid
Académico correspondiente Academia de las Ciencias y Artes Militares
Otros medios en los que se publica:
https://www.elradar.es/la-directiva-de-defensa-nacional-2020-y-la-industria-de-defensa/
https://ame1.org.es/iii-ciclo-aeme-2020-la-ddn-2020-y-la-industria-de-defensa/